La farsa del Consejo del Euskera
JOSÉ LUIS MENDOZA PEÑA, profesor de instituto

DESDE el primer momento estaba clara la intención del Gobierno de Navarra de instrumentalizar el Consejo del Euskera de Navarra en función de su interés por reponerse del varapalo que supuso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que declaraba nulo de pleno derecho el Decreto Foral al que ustedes, al mejor estilo de las Cortes franquistas, han dado su beneplácito. Dado que los miembros de este organismo, haciendo dejación de sus funciones (recogidas en el artículo 4º del DF 135/96), se han limitado a ser, en su mayoría, meras comparsas del Gobierno, les propongo que hagamos ante la sociedad el debate que ustedes no han hecho en sus dos reuniones.

Señor presidente don Miguel Sanz: independientemente de lo que digan los tribunales, creo que ha cometido un fraude a todos los ciudadanos navarros. Ha creado un Consejo a su medida con la intención de que aprobase sin rechistar su decreto. No ha buscado un debate libre que desde distintos ámbitos de la sociedad le aconsejase sobre su intención de regular el uso del euskera en las Administraciones. Lo que pretendía, y ha conseguido, era un organismo que dijese amén a una propuesta que sólo sirve para crispar la sociedad navarra.

Cargos de confianza

A muchos ciudadanos navarros nos gustaría que, en cumplimiento del artículo 2.1.g, nos mostrase los méritos que avalan los nombramientos de los siete vocales nombrados entre personas de reconocido prestigio en el ámbito del euskera y la cultura vasca. Por cierto, ¿no había ninguna mujer que alcanzase el perfil? Crecen las sospechas de esquizofrenia dentro de su Gobierno. ¿Cómo explicar que un tercio de los miembros del Consejo sean cargos de confianza de su Gobierno en un organismo cuya finalidad es informarse a sí mismo sobre sus propios proyectos? ¡Qué poco se debía fiar de sus nombramientos cuando modificó el reglamento del Consejo para permitir un quórum de tan sólo tres miembros! Cualquier Consejo consultivo tiene como función básica contrastar opiniones y pactar propuestas que posteriormente se elevan al Gobierno. ¿Puede comunicar a la ciudadanía qué consejos ha recibido en las dos reuniones del Consejo? ¿Cuándo va a convocar nuevamente el Consejo para que cumpla sus funciones de: A) Informar los planes generales y los proyectos normativos relativos a la política lingüística, antes de su aprobación. B) Emitir su parecer acerca de las cuestiones que le sean sometidas por el Gobierno sobre planificación y normalización lingüística. C) Realizar propuestas al Gobierno en relación con el uso y fomento del euskera. D) Cualquier otra función que le atribuyan específicamente las disposiciones vigentes (artículo 4).

Hace unos días comentó que su Gobierno podía haber suprimido el Consejo y así obviar el dichoso informe. Es cierto. Pero su orgullo no se lo podía permitir: necesitaba conseguir el informe favorable a su decreto para reponerse del duro revés sufrido al quedar invalidado el instrumento legal de su Política Lingüística.

No intente engañar a la ciudadanía con el argumento de que lo que pretende es corregir la discriminación que sufren los no-vascoparlantes para acceder a puestos de trabajo públicos con un decreto que, en general, posibilita valorar más el conocimiento de lenguas oficiales europeas que el euskera. Esta cuestión fue zanjada por el Tribunal Supremo español, que estableció "que no debe entenderse la exigencia (del idioma) como un requisito 'ad extra' independiente del mérito y capacidad acreditados sino, al igual que cualquier otro conocimiento y condición exigida para el acceso a la función pública, una exigencia con cuya acreditación ya da satisfacción a dichos principios constitucionales en la medida que se trata de una capacidad y un mérito que ha de acreditarse y valorarse en relación con la función a desempeñar" (sentencia del Tribunal Supremo 27/1991).

Incluso el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en su sentencia de 26 de junio de 2002 que declara la nulidad radical de su decreto 372, establece que "hay una relación directa entre el conocimiento del idioma y función pública cuando el primero constituye requisito para el ingreso o provisión de puestos en ese ámbito, más aún si esa regulación afecta a los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el artículo 103-3 de la Constitución. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional: el conocimiento del idioma se sitúa dentro de esos principios: de suerte que el propio principio de mérito y capacidad supone la carga para quien quiera acceder a una determinada función pública de acreditar las capacidades, conocimientos e idoneidad exigibles para la función a la que aspira, por lo que la exigencia del idioma que es oficial en el territorio donde actúa la Administración a la que se aspira a servir es perfectamente incluible dentro de los méritos y capacidades requeridas (sentencia 46/1991). Tal es así que una sentencia reciente obliga al Gobierno español a rehacer una convocatoria para Santesteban por no valorar el conocimiento del euskera.

Con sus propias palabras

El señor Sanz conoce perfectamente el rechazo generalizado que sus actuaciones en materia de política lingüística han provocado entre los agentes sociales más directamente relacionados con el euskera y la cultura vasca. Sabemos también el valor que concede a dicho rechazo, pero, ¿qué reflexión le merece que ninguno de los sindicatos de la Mesa General de Negociación de la Administración apoye su proyecto de decreto?

Señor presidente: nadie que ame y defienda esta lengua, elemento básico de la cultura de Navarra, puede hacerla objeto de prácticas intransigentes e insolidarias, en su apología y su diatriba. ¿Suscribe estas afirmaciones? Son palabras que usted pronunció el 11 de junio de 1997 cuando se constituyó el anterior Consejo Navarro del Euskera... Al resto de los componentes del Consejo, independientemente de lo que votasen, me gustaría que nos ofreciesen públicamente las razones de su voto.

Podría ser el inicio de un hermoso debate social.

Consejo Navarro del Euskera y el nacionalismo vasco
PEDRO PEGENAUTE GARDE, Director General de Universidades y Política Lingüística y Vocal del Consejo Navarro del Euskera

UNA vez más, el nacionalismo vasco nos quiere imponer a los navarros sus tesis y opiniones, por las buenas o las malas. Una vez más, y en este caso en lo que se refiere al Consejo Navarro del Euskera (sic). Y, según parece, ¡ay de aquél que ose abrir la boca! ¿Se puede consentir?

El Sr. Mendoza, miembro de la Fundación "Euskara Kultur Elkarga", con sede social en la misma sede del Partido Nacionalista vasco de la calle Zapatería, en un artículo que firma ahora, pásmense ustedes, como si fuera un simple y humilde profesor de Instituto, emite una serie de opiniones que merece la pena rebatir por lo débil de la argumentación.

Comienza diciendo que el actual Consejo Navarro del Euskera es un "fraude". ¿Por qué? ¿Porque el Consejo se ha constituido? ¿Porque ha tomado unas decisiones de forma soberana? O, ¿porque dichas decisiones no están de acuerdo con los postulados que el Sr. Mendoza y los nacionalistas vascos defienden?

El Sr. Mendoza predijo en otros medios de comunicación que el Gobierno de Navarra no podría formar el Consejo, afirmación que es plenamente consecuente con esa opinión que tiene el nacionalismo relativa al vascuence en Navarra, y que se traduce en pensar, decir y hacer como si el vascuence en Navarra fuese propiedad única y particular suya.

El nacionalismo se encontró con la sorpresa de que se formaba un Consejo Navarro del Euskera bajo la misma normativa legal y el mismo Decreto Foral que el anterior (de 1996), con miembros que garantizaban que las funciones que debía desarrollar (el propio Consejo) se podrían llevar a cabo por la sólida formación de sus componentes. Sí, he dicho sólida formación de sus componentes, y lo reitero.

Y, ante esta situación (lo cual es harto conocido), no quedaba otra solución que intentar desprestigiar a aquellos componentes, no a todos por supuesto, que no son de su agrado. Intentar desprestigiar, y en algunos casos algo más, a aquellos componentes que representan a puntos de vista y a ópticas, del mismo vascuence, diferentes a las oficiales nacionalistas vascas.

Sigue el Sr. Mendoza en su escrito aludiendo a otra serie de cuestiones interesantes: el Reglamento, el futuro del Consejo y el Proyecto de Decreto que regula el acceso a las Administraciones Públicas de Navarra.

Vayamos por partes:

1.º) Deben conocer los lectores que las modificaciones, DOS, del Reglamento han tenido por objeto adaptarlo a la normativa legal vigente, en la primera modificación (sustituir "horas" por "días"); y evitar que por cualquier, de difícil o fácil explicación, el Consejo pudiera quedar paralizado en su funcionamiento por falta de quórum. ¿No es esto asegurar que el Consejo funcione? O, ¿es que ya se quería trabajar desde otras instancias para paralizarlo?

2.º) En lo que al futuro del Consejo se refiere, el Sr. Mendoza vuelve a constituirse, una vez más, en inquisidor único y exclusivo. Poniendo en total tela de juicio tanto la capacidad de su Presidente (el Presidente del Gobierno de Navarra) como del propio Consejo y sus miembros, como del resto de los navarros. No es de recibo. Es insultante. De sobra sabe el Sr. Mendoza que el Consejo se puede reunir a instancias, no sólo del Presidente, sino de los Consejeros. ¿Piensa, acaso que los Consejeros no tienen uso de razón para ejercer sus funciones, y, por lo tanto, debe Vd. ejercer la patria potestad sobre ellos? ¿O acaso piensa que tienen alguna minusvalía que los incapacita para sus funciones? Si es así, dígalo claramente, que ya habrá ocasión de demostrar lo contrario, y, se lo adelanto: poniendo sobre la mesa el currículo profesional de cada miembro del actual Consejo Navarro del Euskera, para que, cada quién, juzgue lo que estime conveniente, y, sobre todo, compare. Compare con el currículo de quien le apetezca.

3.º) Y, termino, con el último apartado de su intervención, el relativo al proyecto de "Decreto para regular el acceso a las Administraciones Públicas de Navarra".

Este sí es el corazón del problema para Vds. ¿Por qué? Por varias razones, entre otras:

Porque se trata de un Decreto que, por fin, restablece la igualdad de todos los navarros ante la Ley;

Porque se trata de un Decreto que asume la realidad lingüística de Navarra;

Porque permite valorar el conocimiento del vascuence sin que ese conocimiento se convierta en un factor discriminador que impida que el 90% de la población de Navarra que no domina bien el vascuence pueda acceder a los puestos de trabajo de las Administraciones Públicas de Navarra, sin duda la primera y más importante empresa navarra cuyo control los nacionalistas vascos se habían fijado como "gran objetivo estratégico".

Porque permite (el Decreto) compatibilizar la valoración del vascuence con la valoración del conocimiento de las lenguas de la Unión Europea (inglés, francés y ale- mán), que van a permitir la incorporación de Navarra al brillante futuro que la UE representa.

Y, por fin, y para concluir, porque el Proyecto de Decreto, que el Consejo Navarro del Euskera libérrimamente ha informado favorablemente, representa una vía específica y propia de Navarra para definir su política lingüística que, como es mucho más moderna, progresista y universal que la que se venía consintiendo y practicando, y, en todo caso, es contraria de plano a los intereses nacionalistas vascos, no podrá ser jamás admitida por ellos.

Estos son nuestros objetivos y esta la realidad. No hay más. Y, quien como el Sr. Mendoza se aventura a decir otras cosas, miente absolutamente, sólo busca confundir a las gentes de buena fe. Y, ¿ahora qué, Sr. Mendoza? ¿También por decir lo dicho soy acaso un asesino? ¿Lo es Miguel Sanz?

EL CALAMAR Y EL VENTILADOR
(Respuesta al Sr. Pegenaute)
José Luis Mendoza Peña-Profesor de Instituto
(Presidente de Euskara Kultur Elkargoa) Diario de Navarra 8-11-02

En su amable escrito titulado "Consejo Navarro del Euskera y nacionalismo vasco" supongo que pretende dar respuesta a mi escrito "Carta al Consejo del Euskera de Navarra" que fue publicado con el título "La farsa del Consejo del Euskera". Como el artículo mezcla asuntos personales con otros de mayor interés público, voy a hacerle algunas precisiones:
1- Le agradezco que opine públicamente en un foro social como este diario que permite poder debatir. Sus últimas comparecencias en televisión no han sido sino mera repetición de otras anteriores y que, por el formato de los programas, no permitían la discrepancia. Por ello, le ruego que valore la posibilidad de un debate público (una sala de cultura, una radio, una televisión...), donde la ciudadanía, a partir del contraste de opiniones, puede elaborar su propia opinión de un modo más fundado.
2- Usted no responde ninguna de mis preguntas o dudas. Se las repito: ¿cuáles son los méritos que avalan a los siete vocales nombrados entre personas de reconocido prestigio en el ámbito del euskera? ¿Por qué en un órgano consultivo de un gobierno hay siete cargos de confianza del propio gobierno? Dígame el nombre de un órgano consultivo que funcione con un quórum de tres personas entre veinte miembros. Exponga el calendario del Consejo para los próximos meses. Presente el plan de trabajo para llevar a cabo todas las funciones del Consejo. Comente la sentencia 27/1991 del Supremo que establece que "no debe entenderse la exigencia (del idioma) como un requisito ad extra independiente del mérito y capacidad acreditados para el acceso a la función pública" Glose la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que declaró la nulidad radical del Decreto Foral 372. Expláyese en el rechazo de los sindicatos a su Decreto. Complete las palabras del señor presidente con las que acababa mi artículo. Por favor, no haga el calamar: se trata de ofrecer luz no de oscurecer ni de confundir las voces y los ecos.
3- El tema del fraude no se lo voy a repetir. Lea las declaraciones de personas tan poco sospechosas como D. Juan José Lizarbe o D. Juan Cruz Alli, o las de los sindicatos no nacionalista.
4- Efectivamente soy un profesor de instituto. Si el artículo no iba firmado como presidente de la fundación Euskara Kultur Elkargoa (¡por favor, escríbalo bien!) es porque lo hacía a título particular y no reflejaba necesariamente la opinión de la fundación.
5- Nuestra fundación ocupa unos locales cedidos por el PNV. ¿Cuál es su sagaz conclusión? Le daré unos datos: de los seis miembros de la dirección sólo dos son militantes del PNV. Y si todos fuésemos militantes nacionalistas vascos, ¿perderíamos nuestro derecho ciudadano a opinar y a discrepar? Sospecho que padece un tic del franquismo, aquél que veía por todos lados conjuras judeomasónicas o que usaba el calificativo de "rojo" como sinónimo de sospechoso, mal ciudadano o traidor a las esencias patrias. Por cierto, ¿nos podía echar una mano?: el local se nos ha quedado pequeño y el PNV ya no da más de sí. ¿Sabe usted si UPN nos podría ceder algún local un poco más amplio? Eso sí, en las mismas condiciones.
6- Introduce el tema del nacionalismo vasco y dice que éste se había fijado como "gran objetivo estratégico" el control del Gobierno de Navarra. ¿No es ése el objetivo de cualquier partido? ¿Y a mí, qué me cuenta? Yo no milito en ningún partido político. Soy un ciudadano navarro que ama su cultura, orgulloso de ser bilingüe y, respecto al tema del euskera y la cultura vasca, vasquista militante. Le diré más: si algún gobierno hiciese contra el castellano lo que ustedes hacen con el euskera, me tendría también enfrente. Pregúntele a D. Miguel Sanz.
7- Mi máximo deseo sería que el euskera dejara de ser "patrimonio" del nacionalismo vasco. La estrategia a seguir es clara: asúmanlo como propio, como un rasgo más de la identidad cultural de Navarra, déjenlos sin argumentos, hagan como sus primos de Galicia o de Cataluña.
8- Confieso que estaba equivocado, cuando dije (no predije) que no iban a poder sacar el nuevo Decreto. No vea turbios contubernios ni oscuras intenciones. Pensaba que, dada la lentitud de la maquinaria administrativa y los plazos para nombramientos, puesta en marcha, subcomisiones de trabajo, etc., el Consejo no iba a tener tiempo material para elaborar su informe antes de las próximas elecciones. Claro que yo no había tenido en cuenta la prisa avasalladora del Gobierno ni, sobre todo, el lamentable espectáculo de un Consejo que tras analizar su funcionamiento tildo, sin ningún reparo, de "Cortes franquistas". Otros han emitido opiniones más duras. Pero, aunque no se lo crea, en el fondo me alegro. ¡A ver si a los jueces les da tiempo a emitir su fallo! Sólo lo lamento por algunos miembros del Consejo que, como personas y como profesionales, me merecían un respeto y que con su actuación han demostrado su inconsciencia y/o su incompetencia.
9- Por cierto, ya no nos acusa de "comportamiento antisocial ilegítimo", como hacía el Gobierno hace unos días. ¿Será porque se ha dado cuenta de la exquisitez democrática de nuestra iniciativa? ¿Será porque el Tribunal Superior de Justicia ha admitido a trámite nuestro aviso de recurso? ¿Será porque hemos ganado al Gobierno los cinco recursos que le hemos presentado?
10- Sus medias palabras son inaceptables y de una bajeza desmedida su última frase.
11- Quedo a su disposición para, en privado o en cualquier foro público, debatir sobre política lingüística, que era fundamentalmente el objetivo de mi artículo.

POR UN HERMOSO DEBATE
Aurelio Arteta (Catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad del País Vasco) (Diario de Navarra 11-11-02)

Es para alegrarse de que alguien como José Luis Mendoza, presidente de Euskara Kultur Elkargoa, nos invite a un hermoso debate social. Le deseo todo el éxito en esta empresa cuyo objeto supongo, va más allá de la controvertida composición del Consejo Navarro del Euskera. Al fin y al cabo, aun cuando quedara probado que el Gobierno ha hecho mal las cosas, se esquivaría el problema de fondo: cómo debe ser en Navarra una política lingüística justa. A esta reflexión vengo convocando al público desde hace más de una década sin recibir respuesta razonable alguna, ni siquiera por parte del señor Mendoza. La última vez fue en este mismo foro social mediante un artículo de mayo del 2000, cuyas tesis paso a transcribir por si contribuyen a tan hermoso debate.

Premisas últimas
Son dos las ideas nucleares de partida. La primera, de hecho, resalta la muy escasa presencia del vascuence en Navarra y denuncia que decir otra cosa es mantener una inmensa y mentirosa ficción. Hablamos mucho del euskera, pero apenas se habla (y menos aún se lee y se escribe) en euskera. La segunda, de derecho, contiene el máximo criterio de justicia que debe regir la norma legal en esta materia, a saber, la conformidad con -y no la superación de- esa misma realidad. Porque aquí no cabe legislar para el pasado, sino para el presente, ni acerca de una situación soñada sino de la que hay.

A esta alturas, salvo el nacionalista étnico, nadie sostendrá que la lengua (todavía menos allí donde es minoritaria) sea esencialmente signo de identidad nacional o elemento legitimador de soberanías políticas. Ni cantará las supuestas excelencias de un bilingüismo abstracto, ése en el que la segunda lengua no viene reclamada por la sociedad para la que se propone. Cualquiera sabrá incluso que, por iguales que sean en su primordial función comunicadora, múltiples factores hacen que las lenguas difieran entre sí en número de usuarios, en capacidad expresiva o en rango cultural, sin que por ello quepa acusar a unas de injusticia sobre otras. Lo digo para que aquí no se invoque el principio de discriminación positiva, pues el retroceso del vascuence obedece a causas muy anteriores y de mayor calado que su indudable represión franquista y no se repararía mediante una injusticia contraria.
De modo que el concepto y la tarea de la normalización lingüística designan un completo dislate si por ello se entiende que lo sociológicamente normal (la presente implantación del vascuence) es políticamente anormal o indebida y que, en consecuencia, debemos transformar esa situación dada en busca de otra más adecuada. Además de su seguro fracaso y por encima de las falacias y simplezas habituales, ¿escucharemos por fin una sola razón sólida que justifique esa presunta obligación? ¿O tendremos que seguir oyendo que no hay que politizar el euskera, como si éste no fuera hace tiempo un problema público crucial y como si habría corrido la misma suerte al margen de la artificiosa política unificadora, educativa y de fomento que lo han impulsado? No, el problema estriba sólo en que esa política sea la justa y tal política, según creo, se sustentaría en puntales como los siguientes.

Por qué las zonas
1. El criterio de zonificación, precisamente por realista, resulta del todo ajustado. Si hay zonas donde el euskera es todavía habla viva y zonas donde ya no lo es o nunca lo ha sido, no cabe someterlas a la misma regulación y hacer tabla rasa de semejante diferencia. También en nuestra tierra establece la ley diversas zonas cinegéticas o piscícolas, y no parece sensato que las normas para la caza del jabalí en los montes de Arangoiti valgan para las Bardenas, donde no hay jabalíes ni cazadores a su acecho. Todos los poderes públicos dictan para sus reservas naturales condiciones legales distintas que para las ciudades monumentales y sería absurdo que los habitantes del interior reclamasen para sí derechos establecidos por la ley de costas.

Aceptado ese criterio, añadamos enseguida una precisión. Las zonas lingüísticas efectivas en Navarra son nada más que dos, una bilingüe (la hoy llamada vascófona) y otra monolingüe castellana (que abarca sin distinción las mal bautizadas como zona mixta y no vascófona). La primera es bilingüe porque siendo la única donde para un buen número el vascuence es lengua materna y usual (o sea, su lengua propia), en ella se emplean tanto una como otra lengua. La segunda es universalmente de habla castellana porque, si bien Pamplona alberga una población recientemente alfabetizada en euskera, no hay en ella comunidad real de vascohablantes.

2. ¿Cómo decidir, según eso (y si aún hubiera duda), la oficialidad de estas lenguas? Por su grado de implantación. Por tanto, al español le corresponde ser la lengua oficial en toda Navarra, y el español y (con cierta generosidad) el euskera serán cooficiales en su zona bilingüe. Pretender la cooficialidad en todo el territorio foral, o sea, que la lengua de alrededor de un 8% de sus gentes alcance idéntico rango que la del 100% es auténtico sinsentido. El mismo sinsentido que hace del euskera entre nosotros mayormente una lengua del Boletin Oficial, de rótulos callejeros, de impresos oficiales o de pancartas reivindicativas. Y de los discursos más vacuos de este planeta.

Qué derechos
3. En consonancia con lo anterior, los derechos linguísticos de los ciudadanos navarros son muy distintos. Ya sabemos que esos derechos no pertenecen a los territorios, sino a los individuos mismos, pero a los individuos en tanto que miembros de una comunidad de hablantes asentada en un territorio definido. En ese territorio ¿acaso la lengua materna u ordinaria y otra lengua ajena preferida por motivos afectivos o políticos engendran los mismos derechos civiles? En modo alguno. De un lado está el hablante del vascuence como su lengua propia y de uso en donde habita, y del otro quien aspira a aprenderla o a servirse de ella como su segundo idioma en un lugar donde no es común. Y el primero ostenta un derecho fundamental a mantener relaciones con los poderes públicos y a ser educado en su lengua materna y cotidiana; el suyo es un derecho de prestación, porque obliga a la Administración a satisfacerlo.

El segundo, en cambio, no goza de este derecho; disfruta, desde luego de la libertad de estudiar o hablar esa lengua u otra cualquiera, pero no del derecho a que los servicios públicos le atiendan en ella o sufraguen su aprendizaje desde el presupuesto público. A éste nadie le priva de aquel primer derecho, simplemente carece de él; no es la ley o el Gobierno, sino su propia realidad lingüística, la que le discrimina. En otras palabras: su deseo no se convierte en derecho. Y es que tal aspiración no se expresa en un mercado, donde el cliente siempre tiene razón o, mejor dicho, donde el consumidor no tiene que dar razón alguna de su preferencia. Se expresa en un espacio democrático, en el que cualesquiera demandas colectivas tienen que argumentar públicamente su respectiva gravedad y fundamento para así aquilatar su justicia y disponer su orden de satisfacción. A mi juicio, por ejemplo, la necesidad de empleo de un parado o de ayuda oficial para acceder a una vivienda ostentan mucha mayor legitimidad que la desaforada solicitud habitual sobre el vascuence. A un inmigrante de lengua extranjera afincado en Navarra le asiste más derecho a esa ayuda para recibir cursos de español (si es requisito de su trabajo) que a un pamplonés o tudelano para cultivar su afición al euskera.

4. ¿Qué significaría eso para la enseñanza del y en vascuence en la zona de habla castellana? Pues que la iniciativa privada posee capacidad plena de organizarla, pero no de exigir su subvención pública con un derecho moral similar al que ampara la enseñanza oficial en la comunidad vascoparlante. Y si tal perspectiva entraña revisar la práctica de financiación pública de los centros educativos privados, qué le vamos a hacer, habrá que revisarla...

Por prudencia
5. Esto es lo que a mi entender piden la razón democrática y la justicia distributiva. Pero la coyuntura y la prudencia política tal vez (porque no estoy seguro) aconsejen tener en cuenta además otros aspectos del problema para ensanchar esas medidas legales. Con acierto o sin él, para bastantes navarros castellanohablantes el vascuence tiene hoy un valor imaginario o sentimental más allá de su valor y cometido real; a sus ojos se trata de un viejo recuerdo, de un patrimonio cultural que nos enriquece. La política lingüística puede introducir entonces otro criterio complementario, un principio de protección, con vistas a conservar ese legado y no contrariar tales sentimientos. Eso sí, con tal de dejar claro que estamos ante un criterio secundario y siempre subordinado al que antepone cubrir necesidades colectivas mejor fundadas y más imperiosas; que de ese principio no emanan derechos morales incuestionables, sino concesiones más o menos potestativas; en definitiva, que aquí no está en juego la justicia, sino la mera tranquilidad civil.

José Luis Mendoza, vasquista militante confeso, defiende en torno a estas cosas la postura opuesta. ¿No sería el debate público que sugiere una excelente oportunidad de que él y los suyos muestren por fin los argumentos que avalan sus propuestas y refutan las mías aquí argumentadas? Como tantas otras veces, quedo a la espera.

PROSIGAMOS EL HERMOSOS DEBATE
José Luis Mendoza (Diario de Navarra 18-11-02)
Como no podía ser menos, recojo con gusto la invitación de Aurelio Arteta. Pero permítame, antes de entrar en materia, hacer algunas precisiones.

Su razonable queja sobre la falta de respuestas anteriores a discutir sus planteamientos no me las dirija a mí: yo he debatido con Ud. durante el ciclo de conferencias organizadas por el Ateneo que Ud moderó hace unos años, y lo hice tanto en público como en privado a la salida. Si posteriormente mis palabras no han tenido eco en este foro, habrá sido porque el medio de comunicación que nos acoge no lo consideró oportuno por las razones que fueran, que que en los dos últimos años habré enviado una decena de colaboraciones que no fueron publicadas. Quizá tampoco éste sea el formato más idóneo para debatir; se lo digo porque, por ejemplo, el cara a cara (si me permite el atrevimiento) es más vivo y el contraste de pareceres más inmediato y esclarecedor.

Su tendencia a la adjetivación (disculpe la deformación profesional) le hace incurrir en valoraciones que no justifica ya que, al restringir el significado de los sustantivos a los que se refieren sin ninguna otra precisión sobre su empleo, complica la plena comprensión de su discurso. Por ejemplo, cuando Ud. menciona que el problema de fondo es cómo debe ser en Navarra una política lingüística justa. ¿Por qué adjetivarla? Y puestos a hacerlo, ¿por qué sólo justa y no también gradual, voluntaria, progresiva, etc? Cuando dice justa, ¿a qué acepción del término se refiere: imparcial, conforme a la verdad, lícita, adecuada, apretada? Como puede comprobar, empezar a debatir por lo adjetivo nos puede desviar de los sustantivo (sustancial) que es por donde creo que Ud. quiere que empecemos. En el peor de los casos, puede llevar a designaciones espurias tipo "democracia orgánica" o "república democrática" de Alemania.

Una ultima precisión antes de ir al meollo del asunto: de mis palabras sólo yo soy responsable. No represento a nadie más, por lo que le ruego no se dirija a mí como "él y los suyos" Incluso reclamo mi derecho de reformar o cambiar mis opiniones en la medida en que sus razones o las de otros opinadores (nunca diré "Ud. y los suyos") me resulten convincentes. Por cierto, y por situarnos: si yo soy "vasquista militante confeso", ¿Ud. qué es?
Sus premisas últimas
La primera establece que, de hecho, es escasa la presencia del vascuence en Navarra. Para ser un "hecho" hace Ud. mal en cuantificarlo o valorarlo con un indefinido como "escasa". ¿Cuál es el fundamento de su valoración? Para precisarla puede consultar los datos del CIS (1998) o de distintos estudios del Gobierno de Navarra. Además, hablando de hechos, le discuto directamente su competencia para afirmar que "apenas se habla y menos aún se lee y se escribe en euskera". ¿En qué se fundamenta su aseveración? Se lo pregunto porque mi experiencia diaria constata lo contrario.

Por eso, su segunda premisa, el criterio de justicia, yerra en el sujeto y en el objeto de su aplicación. Quede para los juristas establecer la interpretación de este criterio, pero yo constato la existencia de normas legales que pretenden corregir determinados "desfases" sociales: igualdad de oportunidades, subvenciones, ayudas a colectivos marginados, etc. Todas ellas pretenden establecer un principio de discriminación positiva que, por más que Ud. no le guste, son factores de corrección de desigualdades sociales. Otra cuestión será que Ud. no quiera que s aplique al vascuence en Navarra. Pero entonces debe saber que la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, ratificada por España el año pasado, establece que la "adopción de medidas especiales a favor de las lenguas regionales o minoritarias, destinadas a promover una igualdad entre los hablantes de dichas lenguas y el resto de la población y orientadas a tener en cuenta sus situaciones peculiares, no se considerará un acto de discriminación con los hablantes de las lenguas más extendidas" (art. 7.2; la cursiva es mía)
A continuación deja constancia de algunos prejuicios "científicos" sobre funciones comunicativas, factores de diferencia, capacidades y rangos culturales de las lenguas que la sociolingüística y otras ciencias ya han desbaratado, pero que si Ud. quiere podemos debatir. Mientras tanto, le recomiendo repase el Preámbulo de la Ley Foral del Vascuance (LFV)

Por no extenderme, algo semejante cabe decir de sus apreciaciones sobre la "normalización lingüística". Desde Aracil (que usó en 1965 el término) hasta nuestros días, se suele asignar a esta expresión tres funciones: potenciar la lengua para que pueda satisfacer las necesidades de comunicación de una sociedad moderna, incrementar el número de hablantes aumentando también la competencia lingüística y comunicativa de los actuales usuarios, y expandir el área geográfica del uso de la lengua. En Navarra, esta normalización debe estar regida por la Constitución Española, el Amejoramiento del Fuero, La Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (CELRM) y por la LFV (que, entre otros aspectos, establece los principios de voluntariedad, gradualidad y respeto, de acuerdo con la realidad sociolingüística).

La zonificación
Por ser consecuente con mi planteamiento, acepto la actual zonificación, aunque no la comparto y haré todo lo que esté en mi mano por convencer a nuestros representantes políticos para que desaparezca tal y como aparece en la LFV. Mi rechazo básico se debe a que en cualquier planificación lingüística la zonificación se plantea como un instrumento de adaptación a la realidad que se intenta mejorar, nunca para restringir derechos u oportunidades.
Paso a comentar sus argumentos. En primer lugar, al margen de sus poco adecuados ejemplos cinegético-geográficos y de su discutible criterio para establecer dos zonas lingüísticas ( ¿qué criterio sigue para convertir en monolingües castellanos los más de cuarenta mil vascoparlantes de las zonas mixta y no-vascófona?), deseo me indique cuál es la fuente de información que le permite afirmar que "Pamplona alberga una población recientemente alfabetizada en euskera, no hay en ella comunidad real de vascohablantes". A partir de ahí, seguiremos hablando.
Posteriormente, Ud. afirma que "pretender la cooficialidad en todo el territorio foral, o sea, que la lengua de un 8% (¿de dónde saca el dato?) de sus gentes alcance idéntico rango que la del 100% es auténtico sinsentido". Es Ud. muy libre de opinar como quiera, pero no alcanzo a comprender en qué se resienten sus derechos ciudadanos por el hecho de que los ciudadanos vascoparlantes tengan los mismos derechos lingüísticos que los castellanoparlantes (otro tema será en qué condiciones, calendario, financiación, etc.). Pero es que, además de su opinión y la mía, está el ordenamiento jurídico: la CELRM, que aunque nuestros políticos parezcan no haberse dado cuenta, tiene rango de "ley" (técnicamente se denomina "convención") europea, está más cerca de mis planteamientos que de los suyos. Léala y hablamos.

Qué derechos
Me alegra que admita que los derechos linguísticos pertenecen a los individuos (yo prefiero hablar de ciudadanos) y no a los territorios. Entonces ¿por qué liga Ud. el derecho de prestación a la zona vascoparlante? ¿Por qué un habitante de Leitza (vascófono o castellanohablante) tiene más derechos lingüísticos que otro de Tudela? ¿Por qué un lesakarra tiene en Tafalla menos derechos que un tafallés en Lesaka? Fíjese que hablo de derechos. Otro asunto será las condiciones para su ejercicio, plazos velocidad, recursos, etc.
Porque está claro que, dado que los recursos públicos son limitados, hay que establecer prioridades. Lo que no es admisible es que Ud. compare elementos heterogéneos: ¿en qué son comparables el derecho constitucional a una vivienda y un trabajo digno con los derechos linguísticos? ¿Cuál es la relación de dependencia entre ellos? No chirría su rigor intelectual cuando escucha falsos dilemas del tipo "¿qué prefieres, un buen médico o un médico euskaldun?", cuando ser vascoparlante es, por ejemplo en la zona vascófona, rasgo de un buen profesional de la medicina ya que el conocimiento del euskera es imprescindible en la mayoría de los casos para una correcta relación médico-paciente.

Por prudencia
Créame que aprecio en lo que vale su condescendencia cuando admite que, al margen de la razón democrática y la justicia distributiva y por razones de coyuntura y de prudencia política tal vez, en razón de su valor imaginario y sentimental, se pudiese introducir como criterio secundario un principio de protección para proteger este legado y no contrariar esos sentimientos. Me parece un avance personal por su parte al propiciar un acercamiento, y lo aplaudo. Pero no puedo evitar sentirme como el tío Tom en su plantación de algodón (bien tratado, incluso agradecido a su bondadoso dueño que no lo azota como los otros "amos", pero sin derechos ciudadanos) o experimentar la angustiosa sensación del gusano cuando el pescador, con gesto de camaradería, le dice: ¡Vamos a pescar! Por suerte para todos, aunque sus buenos deseos son importantes, las leyes europeas parece que, en materia de derechos lingüísticos, van más allá de lo que Ud. parece dispuesto a tolerar.

Aquí me detengo. Espero la benevolencia de los lectores para que podamos seguir debatiendo y deseo que nuevas voces se incorporen a este foro. Estoy convencido de su utilidad intrínseca y de su valor cívico.

A CADA CUAL, SEGÚN SU LENGUA
Aurelio Arteta (Diario de Navarra 23-11-02)

Agradezco a José Luis Mendoza su respuesta, aunque a mí -no sé si también a los lectores- me ha dejado profundamente insatisfecho. Un debate, y más para ser "hermoso", no es aquel en que cada contendiente se deshace en gestos de cortesía y buenas maneras hacia el otro. Es más bien aquel en que esos contendientes, por respeto a su adversario, se toman en serio sus razones, y por respeto al valor de verdad de las ideas que debaten, se esfuerzan en replicar a las del adversario con otras ideas que tienen por más ciertas y mejor fundadas. Bueno, pues me temo que el señor Mendoza no hace ni lo uno ni lo otro.

Lo justo es lo sustantivo
Para empezar, uno se queda pasmado de que la política de (o según) Mendoza pueda prescindir expresamente de la justicia. En nuestro caso, al parecer, lo de menos es que la política lingüística en Navarra se justa, como si esto de la justicia fuera cuestión adjetiva y accidental. Pues mire, lo que en gramática es adjetivo en política (al menos en una política que confiese raíz y fines morales) es lo más sustantivo. Y tanto, como que era nuestro tema a debate y sobre el que el señor Mendoza hace una presunta precisión se diría que para dejarlo más impreciso. ¿Qué por qué adjetivo como "justa" la política lingüística deseable?. Pues porque, si no, no sería legítimamente deseable y a ver cómo la "justificamos" entonces. Porque, más allá de su organización administrativa y técnica, ésa es precisamente la única cuestión que moral y políticamente importa. En fin, porque si él y yo censuramos y pretendemos transformar esa política lingüística, aunque en sentidos contrarios, será porque a ninguno de los dos nos parece lo bastante justa. A menos que disponga José Luis Mendoza de otra vara de medir para basar su preferencia en las cosas políticas: que una ley sea gruesa o delgada, que una propuesta sea costosa o barata, y cosas así.

Y a su pregunta de a qué acepción de justicia me refiero, dejaré las florituras y le diré que a la más clásica y extendida: "la virtud de dar a cada uno lo suyo". Y como hablamos de bienes públicos y eso que hay que repartir a cada cual es "su derecho", se tratará de la justicia distributiva o propiamente política. Y para venir al caso, la justicia que invoco es la virtud que, en cuanto a su lengua, otorga a los castellanohablantes, a los vascohablantes y a los meros aficionados o estudiantes del vascuence en Navarra sus respectivos derechos (y a la Administración Pública sus respectivos deberes).

Créanme que comprendo que al señor Mendoza y a tantos otros un planteamiento opuesto al suyo en estos términos de justicia les suene a extravagante o provocativo. Siempre han pensado que aquí todo consistía en concentrar firmas o manifestantes, establecer alianzas entre partidos, pulsar la "correlación de fuerzas" y que, entre los contrarios, su empecinamiento respondía a pura mala voluntad, a una ideología reaccionaria o al juego de intereses bastardos. No han querido entender que se trata de una muy grave cuestión de justicia y, menos aún, que en este largo pleito ustedes estaban y están de parte de la injusticia. Es lo que trataré otra vez de demostrar.

Los números bien contados
Uno ya suponía que nuestro desacuerdo en juicios de valor, pero al menos esperaba acordar con él un hecho innegable: que en Navarra la presencia viva del euskera (hablado, leído, escrito) es hoy muy escasa. Para verificarlo, no creo que se requiera competencia académica especial, aunque -si ello le tranquiliza- le haré constar que soy también licenciado en Sociología. Y desde esta pequeña competencia me atrevo a sostener que las encuestas sobre esta materia en nuestra tierra han adolecido, por lo general, de una falta de fiabilidad llamativa: bien sea por el muestreo adoptado, por la índole de las preguntas o por la medición e interpretación de las preguntas.

Pero ya digo que basta con mirar y escuchar a nuestro alrededor y aquí, según parece, su "experiencia diaria" es la contraria que la mía. Pues, nada, nos pondremos juntos a investigar cuántos ejemplares de Egunkaria se venden por aquí, y cuántos telespectadores conectan regularmente ETB-1, y cuántas ceremonias religiosas y civiles, y reuniones de asociaciones, y conferencias culturales y convenciones empresariales o sindicales, etc, etc, se celebran en euskera. Y también cuántos anuncios comerciales, contratos, documentos notariales, convocatorias y actas de todas clases, y libros y artículos etc. etc. se redactan entre nosotros en ese idioma. Claro que ya sabemos la respuesta, pero seguimos alimentando la rentable ficción.

Basta asimismo con acceder a noticias o informes que están al alcance de todos. Por ejemplo, el "Mapa sociolinguístico de Euskal Herria" de Xabier Aizpurúa en julio del 2001 (Hermes, revista de la Fundación Sabino Arana, nº 2, en el que José Luis Mendoza colabora) registra en Navarra el 9,4% de personas bilingües, que son como mucho los que llamaba vascohablantes. Si yo los cifré en el 8%, un dato que a él dice sorprenderle, la razón es sencilla aunque me falló la memoria: la proporción de las conversaciones mantenidas en euskera en Navarra según el Instituto Vasco de Sociolingüística es del 7% (El Correo, 8 de junio de 2002). Lo mismo que ocurre nada menos que en Irurtzun: sólo el 7,08% de los vecinos emplea esa lengua en la calle, por más que el número de matriculados en el modelo D sea muy elevado (Diario de Noticias, 12 de marzo de 2002). Pero le añadiré que los datos de la propia Comunidad A. Vasca, que en esto nos lleva gran ventaja, no hacen sino redundar en la evidente rareza del euskera en Navarra. Por ejemplo, el señor Mendoza ya sabrá que el 98% de empresas vascas usa el idioma español en sus páginas web (El País del País Vasco, 3 de noviembre de 2002). O, qué sé yo, que el 70% de los profesores liberados para aprender euskera han suspendido los exámenes para obtener sus perfiles lingüísticos (El País del País Vasco, 25 de Junio de 2002) ¿Sigue pensando que es su propia experiencia la más ajustada a la realidad o esta otra experiencia general, que se acerca más bien a la mía?

El criterio de justicia
Pero si el número de los hablantes importa, es porque tan sólo a los hablantes compete el derecho a su propia lengua y sólo por su cantidad suficiente (o sea, por formar una comunidad lingüística) se determinará el territorio donde deben regir esos derechos. Eso es lo que pediría la justicia, la adecuación de las normas a los hablantes reales de una u otra lengua, que es lo mismo que ese "acuerdo con la realidad sociolinguísitca" que establece como principio nuestra Ley Foral, un principio tan básico que modula el resto. Fíjese qué casualidad: el mismo principio que asienta es Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias a la que el señor Mendoza, creo que sin entenderla, apela en tres ocasiones. Pues lenguas regionales o minoritarias serán las lenguas "habladas tradicionalmente en un territorio", no estudiadas o deseadas en otro territorio; y por territorio de esa lengua se entenderá el área geográfica en la que tal lengua "es el modo de expresión" (art. 1 a-b, subrayados míos) de un amplio número de personas; el modo de expresión que hoy es, no el que fue o el que se quiere que sea.

Así que no veo el modo de explicarle con delicadeza que, al malentender ese básico criterio de justicia, incurre en todos los falsos tópicos que me he esforzado durante bastante tiempo en disipar. Claro que hay y debe haber normas legales para corregir "desfases" o "desigualdades sociales", pero cuando esas desigualdades son injustas. Y, por desgracia, la política nacional e internacional ofrece aún demasiado espacio para una justicia correctiva en materias de renta, empleo, educación, sanidad, vivienda y lo que él quiera. Pero la política lingüística en particulares justa precisamente cuando regula sus normas sobre la lengua real de sus ciudadanos y no sobre otra imaginada o añorada, y sería injusta precisamente si hiciera lo contrario. No hay en Navarra injusticia lingüística de su Gobierno hacia una parte de sus ciudadanos o de unos hablantes con relación a otros; no ha lugar a una discriminación positiva a favor de quienes desconocen el euskera, porque tampoco han sido objeto de una discriminación negativa anterior que hubiera que reparar.

A José Luis Mendoza le toca explicarnos en qué consiste la igualdad social ¿de las lenguas o de los hablantes? Si es la igualdad de las lenguas, le corresponderá probar que la actual desigualdad en número de usuarios entre el castellano y el vascuence es injusta y que el ideal político pediría su igualación. Si se trata de la igualdad de los hablantes (que será entonces su igualdad ante la ley o de derechos), por favor, muéstrenos dónde radica en esta tierra su desigualdad legal. Porque el artículo 7,2 de la Carta Europea que él me cita no llama a promover la igualdad entre los que desean conocer las lenguas minoritarias y los que hablan su lengua propia y mayoritaria, sino "entre los hablantes de dichas lenguas [las minoritarias] y el resto de la población", o sea, "los hablantes de las lenguas más extendidas". Me temo que haya vuelto a confundirse y que la Carta vuelva a darme la razón: porque esa igualdad está garantizada por ley en Navarra, fíjese bien, incluso en exceso.

Si tiene la bondad de aguardar sólo unos pocos días más, seguro que gustará conocer el resto de mis argumentos. Entonces será su turno.

SIN MORDERSE LA LENGUA
Aurelio Arteta (Diario de Navarra 26-11-02)

Reanudamos, pues, el debate con el señor Mendoza? Comprenderá mi interlocutor, si ha seguido hasta aquí mi razonamiento, que su referencia a la normalización lingüística carece del menor sentido y valor. Porque no se trata de conocer cuáles son sus funciones, sino de responder a algo mucho más complicado y a lo único que como ciudadano (ni como gramáticos ni siquiera como hablantes) debe ocuparnos: por qué aquí y ahora es conveniente esta política normalizadora o incluso mejor que otra política o que ninguna. Permítame que le anticipe que ni el más genial de los sociolingüístas es precisamente la autoridad en esta materia.

La justicia de la zonificación
Con un desparpajo digno de mejor causa, nuestro hombre declara que hará lo posible para que la actual zonificación "desaparezca". Eso sí, los argumentos que le mueven a ello son de nuevo, más que endebles, falsos de toda falsedad. Primero, no es cierto que ése sea un instrumento de adaptación a la realidad "que se intenta mejorar", pues ya quedó probado que aquí la ley -para ser justa- debe respetar escrupulosamente esa realidad de las lenguas y no proponerse transformarla. Segundo, resulta una grave barbaridad repetir que ese instrumento de la zonificación sirve para "restringir derechos u oportunidades". Vamos a verlo.

Hablando con algún rigor, esto de las zonas a nadie le restringe ni le priva de sus derechos y oportunidades. En todas ellas cada navarro conserva su derecho de hablar o aprender el vascuence u otras lenguas. Lo que pasa es que, allí donde no sea lengua de uso (es decir, salvo en la zona estrictamente vascófona), tan sólo se le reconoce el derecho a satisfacer tal demanda por sus propios medios, no a costa del erario público. Naturalmente, el nacionalista lo ve de otra manera: "El nacionalismo entiende que las reivindicaciones políticas derivadas de su doctrina central no son aplicables en distintos grados o de un modo discontinuo a lo ancho y largo del ámbito definido dentro de la nación, sino en toda la nación con la misma intensidad y simultáneamente". El no nacionalista, en cambio, "admitirá su aplicación geográfica y demográficamente discontinua y en grados diversos", pues para él "lo protegido son los hablantes, y no las lenguas abstraídas de sus usuarios. La lengua quedará protegida indirectamente al proteger a sus hablantes, pero no más allá de su comunidad de uso..." (L. Rodríguez Abascal, Las fronteras del nacionalismo, 2000, pp. 271 y ss).

¿Que al presidente de Euskara Kultur Elkargoa le trae sin cuidado lo que opine ese estudioso que cito? Pero es que lo proclama asimismo esa Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (1992, BOE nº 222, 15 de septiembre de 2001), que para mi adversario es como la palabra de Dios sin caer en la cuenta que le deja sin palabra razonable alguna. Según aquella Carta, el derecho a la lengua minoritaria pertenece sólo a sus hablantes y esos hablantes lo son en el seno de una comunidad lingüística asentada en un territorio donde esa lengua sirve de medio de expresión habitual (art. 1 a-b). No es un derecho natural, que tal cosa no existe, ni es un derecho de un hablante potencial y abstracto, sino de los hablantes actuales y concretos. Lo que repite a menudo, por ejemplo, cuando solicita tomar en consideración los deseos expresados "por los grupos que empleen dichas lenguas" (art. 7,4, cursiva mía). Por eso mismo la política y la legislación en esa materia han de basarse en "el respeto del área geográfica de cada lengua regional o minoritaria", al margen de que tal área coincida o no con una división administrativa (art. 7, 1 b).

Y por eso también, ya en el disputado terreno educativo, aquella política deberá proveer los medios "que permitan aprender una lengua regional o minoritaria a los no hablantes que residan en el área en que se emplea dicha lengua, si así lo desean" (art. 7,1 g, cursiva mía), pero no a los residentes en otras áreas. Y como aquí no pasa día sin bronca sobre la presencia del euskera en la UPNA, recordemos que esa norma europea dispone "la promoción de estudios e investigación sobre [y no en] las lenguas regionales o minoritarias en las universidades o centros equivalentes" (art. 7, 1 h, cursiva mía)...
Resulta tan claro que el señor Mendoza seguro que lo entenderá. Soy yo quien no entiende cómo se atreve entonces a apropiarse de esa Carta (que tiene en España el rango de "ley", según nos recuerda), y con ella desafiar al mundo, al Gobierno y a mí, cuando ese texto legal no sólo no ampara ni su pretensión ni sus fundamentos, sino que los rechaza frontalmente.

¿Que qué más nos da?
De modo que dictar la cooficialidad lingüística en todo el territorio foral, además de un auténtico sinsentido, sería una profunda injusticia, una pura ficción y, desde la legislación europea y española, una ilegalidad. Pero el señor Mendoza no se arredra y exige tan ricamente "que los ciudadanos vascoparlantes tengan los mismos derechos lingüísticos que los castellanoparlantes". Ambas clases de ciudadanos, sin embargo, ya tienen los mismos derechos a servirse de y a ser públicamente atendidos en su propia lengua dentro de su propia comunidad de habla. En sentido inverso, las dos carecen por igual de otros presuntos derechos lingüísticos que ni son derechos (porque son sólo deseos acerca de lenguas que desconocen o no emplean) ni son lingüísticos (porque serían a lo más derechos educativos, que es cosa distinta). Tampoco a una monja le amparan los derechos propios de una madre de familia, y viceversa. Luego el problema no radica, como sugiere de modo tan condescendiente como engañoso mi interlocutor, en unas flexibles "condiciones, calendario, financiación" de la política lingüística que él aprobaría. El problema radica en que esa política presupone unos derechos que no son tales.

Y así llegamos a otra manifestación que dejaré al lector calificar, para guardarme los epítetos que a mi juicio merece. Hete aquí que José Luis Mendoza no alcanza a comprender, eso dice, "en qué se resienten sus [o sea, mis] derechos ciudadanos" por el hecho de reconocer esos supuestos derechos a los hipotéticos euskaldunes navarros de zonas no vascohablantes. Es la misma candorosa pregunta que impulsaba a prohombres como Cabasés y Zabaleta a finales de 1993 a reclamar la supresión de las zonas lingüísticas bajo la argucia de que "derribar prohibiciones no conlleva establecer obligaciones". Según estos hombres de leyes, decretar la cooficialidad no significa imponer a la Administración y a los administrados obligaciones que antes no tenían, a saber, las de asegurar a muchos miles el ejercicio de unos derechos que antes tampoco disfrutaban.

¿De verdad quiere saber el señor Mendoza en qué se resentirían mis (nuestros) derechos en caso de acceder a lo que él propone? Primero, y no parece poco, en el hecho de degradar nuestra ciudadanía por conceder un privilegio como si fuera un derecho y aceptar la impostura como si fuera verdad. Segundo, en dar paso en las zonas no vascófonas a nuevos "derechos" en cascada: al cura, al maestro, al médico y hasta al alguacil euskaldunes. Tercero, en financiar con mis impuestos la satisfacción de estas injustas concesiones. Cuarto, en detraer fondos públicos que debieran destinarse a ejercer verdaderos derechos y a cubrir necesidades colectivas (trabajo, vivienda, etc) más indiscutibles. Quinto, en estimular una tensión civil interminable, porque el seguro fracaso de tal política no achacaría a su encontronazo con la dura realidad, sino a la mala voluntad del gobierno de turno. Sexto, en favorecer así a la causa nacionalista y su plan de secesión, Navarra incluida, y contradecir de nuevo esa Carta Europea que expresamente llama a respetar "el principio de soberanía y de integridad territorial de los Estados" (art. 5) ¿Quiere aún que prosigamos?

De Leitza a Tudela, y vuelta
Pese a lo que insinúa, José Luis Mendoza no ignora que siempre he defendido los derechos lingüísticos como de los individuos, y precisamente frente a quienes suponen (los nacionalistas, sin ir más lejos) que son facultades de los pueblos, de la lengua o de los territorios. A estas alturas también debería saber, repito, que esos sujetos de derecho no son individuos cualesquiera y a la lengua en general, sino los hablantes reales de una lengua particular y, por tanto, encarnados en una comunidad de habla geográficamente delimitada. Admitido esto, sus preguntas se caen ellas solas. ¿Por qué ligo el derecho de prestación pública al euskera sólo a la zona vascohablante? Muy sencillo: porque ésta es la única zona vascohablante.

¿Goza entonces un habitante de Leitza de más derechos lingüísticos que otro de Tudela? No, ambos tienen igual derecho público a sus lenguas usuales (y por ello oficiales) respectivas, que en un caso probablemente serán dos y en el segundo una sola. ¿Tiene un lesakarra en Tafalla menos derechos que un tafallés en Lesaka? Qué va, hombre, simplemente han cambiado de comunidad lingüística, y para entender y ser entendidos, lo mismo en el bar y en el ayuntamiento, han de chapurrear el idioma de sus nuevos vecinos. ¿O es que, de viaje o de trabajo en el extranjero, tenemos algún derecho público a que nos entiendan y atiendan en español (y no digamos en vascuence)?

Pero él y yo sabemos que esas preguntas se las hacen sólo algunos residentes en las zonas mixta/no-vascófona de Navarra que, sin conocer el vascuence o sin poder emplearlo por falta de necesidad y de ocasión, reclaman un supuesto derecho a que la comunidad entera les costee su aprendizaje, y las condiciones de su uso público y sus rótulos. Pues bien, no existe tal derecho, y así confío haberlo probado con bastantes y poderosas razones al señor Mendoza. Quedo ahora a la espera de las suyas contrarias. Claro está: y de las de Begoña Errazti, Aingeru Epalza o, faltaría más, José Luis Castejon.

¡NO MAREEMOS MAS LA PERDIZ, SR. ARTETA!
Jose Luis Mendoza (Diario de Navarra, 11-12-02)
A la espera de nuevas aportaciones al debate, me temo que voy a tener que dedicar esta colaboración a aclarar algunos conceptos y a precisar algunas imprecisiones suyas, dejando para el sufrido lector la valoración de sus planteamientos y los míos.
Sin pretender meterme en jardines ajenos (¿no será Ud. también licenciado en Derecho?), mi pregunta sobre la política lingüística justa intentaba hacerle ver que la justicia debería ser una de las características de cualquier norma legal por lo que a priori yo estoy dispuesto a reconocer la condición de justa a cualquier norma legal mientras los tribunales no digan lo contrario.

Lo que sí me parece básico es su olvido de que cualquier ordenamiento legal es hijo de su tiempo. Me explico: Ud. hace un planteamiento que olvida el aquí y el ahora, pero, sobre todo, que desprecia la voluntad de los ciudadanos. No le voy a recordar las justas políticas y actuaciones que históricamente se han dado al euskera por estas tierras, ya que no lo creo flaco de memoria, por más que Ud. afirme que el euskera "tampoco ha sido objeto de una discriminación negativa anterior que hubiera que reparar". Le recomendaría la lectura de, por ejemplo, "El libro negro del euskera", pero sospecho que serviría de poco.

Me preocupa más esa suerte de despotismo ilustrado que se desprende de sus escritos y que me sorprendió ya cuando oí de sus labios que, por ejemplo, aunque un pueblo de Navarra pidiese gastar su presupuesto en poner clases de vascuence, no había por qué hacerle caso porque quizá lo que necesitaba era una piscina. No se me quede con el ejemplo, pero dígame, si los ciudadanos navarros estamos por favorecer el uso y/o la recuperación de la otra lengua propia de Navarra, ¿no tenemos derecho incluso a equivocarnos? ¿Por qué desconfía tanto del juicio de los navarros cuando se declaran partidarios de favorecer el progreso voluntario del euskera? (esto no es sólo una opinión mía, son datos de cuando el Gobierno de Navarra cumplía la Ley del Vascuence y hacía encuestas sociolingüísticas).

Más vale que Ud. no era finlandés cuando, a principios del siglo XX decidieron recuperar el finés, una lengua que llevaba más de ochenta años desaparecida; y eso que todos hablaban sueco. Por suerte para nosotros, Ud. tampoco es legislador porque hasta UPN, por boca de su presidente, ha declarado al vascuence "elemento básico de la cultura de Navarra" y la vigente Ley Foral del Vascuence se muestra claramente favorable a "proteger la recuperación y el desarrollo del vascuence en Navarra". Sr. Arteta, si no le gusta la ley, dígalo claramente.

Hablemos de números
No confundamos el debate. No se líe con el número de vascoparlantes, no ofenda la dignidad de aquellos ciudadanos que pretenden recuperar la lengua de sus mayores o, simplemente, disfrutar de su patrimonio cultural y ejercer los derechos que la ley les concede. Un sociólogo como Ud. debería saber, por ejemplo que el valor de una medición de calle no establece el número de hablantes de la lengua minoritaria: si Ud. y yo vamos hablando por la calle y alguien nos observa concluirá que los dos hablamos castellano, pero no mi condición de vascoparlante.

Los números y, sobre todo, los porcentajes son los que permiten afinar y establecer políticas lingüísticas en función de los recursos y las voluntades políticas. Por si le sirven, ahí van los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (octubre-98): Entiende, habla, lee y escribe en euskera el 7,1%; lo entiende, lo habla y lo lee, 3,8%; lo entiende y lo habla, 4,7%; sólo lo entiende, 7,1%; ni lo habla ni lo entiende, 77,3%. Por no mencionar la sorprendente "revelación" de la máxima autoridad foral en la materia, don Pedro Pegenaute, quien en comparecencia televisiva (TVE-2, sábado 2 de noviembre) afirmó su condición de "bilingüe pasivo", dada su capacidad de chapurrear algunas palabras en vascuence, hecho que, de crear doctrina, elevaría el número de vascoparlantes navarros a cotas jamás pensadas, aunque sólo fuesen pasivos.

Aquí y ahora
La historia nos muestra determinados pasajes que hoy nos sonrojan pero que, en su tiempo, fueron episodios justos. Basta recordar las consecuencias jurídicas de la "Guerra Santa", el debate medieval sobre el alma de las mujeres, la legalidad del tráfico de esclavos, dado que los negros no tenían alma, etc. Por no citar la cantidad de pruebas "científicas" que a lo largo del siglo XX "demostraron" los perjuicios del bilingüismos. No pretendo equiparar las situaciones; sólo quiero constatar la historicidad de la justicia y mi opinión de que el progreso implica precisamente una mayor apertura hacia lo que no soy yo, que el desarrollo cultural nos permite una mayor amplitud de miras, de ver en lo distinto no una amenaza, sino una oportunidad de enriquecernos.

Hemos superado aquello de "una religión, una lengua, un imperio". Yo no deseo dos comunidades lingüísticas en Navarra, sino una sola plurilingüe. Y, sobre todo, ya no se admite una vuelta atrás en las conquistas sociales. De ahí que sus rancias propuestas sean anacrónicas y hasta queden por debajo de la política lingüística del Gobierno de Navarra, que, además de los continuos varapalos judiciales, ha sido denunciada por retrógrada y como opuesta a la Ley del Vascuence por la Asamblea General de la Oficina Europea de las Lenguas Minoritarias (Dublin, 3 de febrero de 2001).

La Carta Europea de las lenguas
No pongo en duda sus profundos conocimientos sobre la Carta. Pero, si me permite el consejo, hace mal en descalificar los míos por el hecho de no pensar como Ud. Es más, permítame la inmodestia de decirle que acabo de recibir una invitación del Consejo de Europa para tomar parte en un seminario sobre la CELRM (Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias), por lo que algún conocimiento tendré al respecto.

Tengo la impresión de que, también en este caso, padece Ud. de "pensamiento fósil" que le lleva a no admitir y hasta parece que le moleste que, del mismo modo que el euskera ha ido retrocediendo a lo largo de los siglos, en los últimos años y debido a la libre voluntad de los ciudadanos de Navarra estemos asistiendo a una recuperación del conocimiento y uso del vascuence en la sociedad navarra. Este es un hecho contra el que se estrellan sus gratuitas descalificaciones. Y esta recuperación está amparada por la Constitución, la Ley del Vascuence, la Carta Europea y toda la legislación reciente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Por no mencionar la "Declaración Universal de los Derechos Linguísticos" de la Unesco (1992).

Sus resentidos derechos
Porque, por fin, llegamos al meollo real de la cuestión. Lo que realmente le molesta es que, según su propia confesión, conceder derechos linguísticos en materia de euskera a todos los ciudadanos navarros, supondría una degradación de ciudadanía, además de convertir un privilegio en derecho y hacer de una impostura una verdad, todo ello con el consiguiente (mal) gasto público sumado a la correspondiente tensión civil al servicio de la causa nacionalista (vasca, se supone) y su plan secesionista. Más que sus derechos, el resentido parece Ud. No es mi intención analizar el porqué, pero su planteamiento demuestra dos cosas: una, que su concepto de lengua está radicalmente desfasado al considerarla poco más que un mero instrumento de intercambio totalmente ajeno a la cultura a la que está ligada; por otro, su poco respeto y menor confianza en la ciudadanía navarra y en sus representantes políticos. Porque la progresiva implantación y creciente uso del vascuence en Navarra se deben, mayoritariamente, a la voluntad de cientos de ciudadanos que, por sus reales razones, han decidido apostar, para sí y para sus familias, por una sociedad navarra bilingüe a todos los efectos.

Modelo de convivencia
Porque, a diferencia de Ud., muchos sentimos como propios tanto el castellano como el euskera y aspiramos a un modelo social de convivencia lingüística. Y, particularmente, porque prefiero este modelo al belga o al suizo, por ejemplo, donde las lenguas viven una situación de normalización que supone que cada una de ellas tiene su territorio pero en compartimentos estancos, sin contacto y temiendo la invasión del "otro". Intentaré explicarlo metafóricamente: creo que su modelo lingüístico se acerca al de la iglesia católica entendida como la "barca de Pedro": o estás dentro o estás fuera, pero debes saber que fuera de la barca "no hay salvación". Yo prefiero un modelo más abierto, algo así como la plaza del mercado: distintos productos en oferta, unos compran, otros sólo miran, aquellos pasean; unos son trabajadores, otros compradores, los de más allá simples mirones. Todos iguales, todos distintos, todos interrelacionados.

Por otra parte, puede estar tranquilo respecto a sus últimos temores: no parece que el progresivo avance del euskera en Navarra tenga que ver con el nacionalismo (político) vasco, que parece estancado. Pero, y si en un momento dado los navarros, con todas las garantías, optásemos por otro modelo político, ¿lo respetaría Ud.?

En fin, el espacio se agota y mi participación en este debate también (por ahora). Lamento detenerme aquí. Me hubiera gustado comentar más asuntos: no lo tome por falta de respeto a sus razonamientos ni lo achaque a falta de argumentos, pero temo haber abusado de la benevolencia de lectores y editores. Sobre todo me hubiera gustado transmitir la sensación de ser tratados como "ciudadanos de segunda" que tienen tantos vascoparlantes y comunicar determinadas situaciones sangrantes de las que yo he sido testigo y que tienen como denominador común la falta de respeto a derechos ciudadanos, establecidos como tales por la legislación nacional e internacional vigente.

Y aunque sea salirme algo del tema que nos ocupa, más temprano que tarde, la creciente inmigración nos obligará a prestar más atención, también en sus aspectos lingüísticos, a esta realidad. D nosotros dependerá verlo como una amenaza o como una oportunidad de enriquecimiento social. Considerarlos "sin papeles" o "ilegales" sólo sirve para diferir y/o entorpecer la solución. A la espera de nuevas voces quedo a su disposición. Pero no como un duelista decimonónico, sino como un adversario (nunca jamás como un enemigo) que se siente, respecto a Ud. como formando parte de un archipiélago, es decir, unido por lo que nos separa.

La gran evasión (del señor Mendoza)
Aurelio Arteta (Diario de Navarra 15-12-02)

Creo que no es la perdiz la que se marea, sino el propio señor Mendoza. Y es que aún no ha caído en la cuenta de que, en este debate, se requiere algo más que soltar una creencia, tres tópicos y cuantos desatinos biensonantes a uno se le ocurran. Ya comprendo que con fanáticos o asustados eso es suficiente; incluso un mérito para que Udalbiltza, esa institución ejemplar, recompense a su asociación con un cheque multimillonario. En su última réplica mi contrincante comienza por decir que no pretende meterse en "jardines ajenos" a su conocimiento, cuando no ha salido de ellos desde la primera entrega. Que conste que eso está bien y yo le animo a entrar en tales jardines y , cuantos más, mejor, porque nadie los posee en monopolio y su cultivo nos hace humanos. Eso sí, con tal de saber que esos jardines de momento le son en verdad ajenos y que, más que en condiciones de enseñar acerca de ellos, está muy necesitado de aprender.

Olvido de la justicia
El Sr. Mendoza, vaya por Dios, se dedica a "aclarar algunos conceptos y a precisar algunas imprecisiones" mías. Antes ya me preguntó retadoramente a qué acepción de justicia me refería yo cuando postulaba una política lingüística justa. Ahora pasa a aclararme que "la justicia debería ser una de las características de cualquier norma legal"..., lo cual no aclara nada mientras no explique en qué consista esa característica. Pero tanta precisión a él le sirve para "reconocer la condición de justa a cualquier norma legal mientras los tribunales no digan lo contrario". Y así es como mi interlocutor, al reducir la Justicia al Derecho vigente, ignora que éste viene de aquélla y no al revés. Ignora también que los derechos legales han sido antes derechos morales y que alguna noción de justicia habrá de servir de criterio para juzgar la calidad del Derecho y de guía para su transformación. Resulta entonces que en principio es justo lo que el Derecho dice ser justo, que lo moral se confunde con lo legal, que no existen otros derechos que los positivos. Legalidad equivale a legitimidad. El sujeto moral es el sujeto jurídico y no hay mejor modo de comportarse que como mandan los códigos. Bravo. ¿Alguien conoce premisas más conservadoras que las aquí expuestas?

Pero a él le interesa proclamar, enorme descubrimiento, "que cualquier ordenamiento legal es hijo de su tiempo". Claro, porque también la idea misma de justicia es hija del suyo. Y de acuerdo con la más actual y extendida idea de justicia distributiva (cuyo pronunciamiento básico en este pleito dice que los sujetos de los derechos lingüísticos son los hablantes), de acuerdo con "el aquí y el ahora" (o sea, con el número y reparto geográfico de los usuarios del vascuence en Navarra), la Ley del Vascuence debe cambiar precisamente en el sentido opuesto al que querría Mendoza. Es él quien niega para esa lengua y su régimen jurídico el carácter histórico que hemos predicado de todo ordenamiento legal. Pues, frente al aquí y ahora de quienes tienen al euskera como idioma ordinario, nuestro hombre supone que siempre y en toda Navarra todos los navarros -la mayoría de los cuales hoy la desconocen- tienen derechos ante los poderes públicos respecto de esa lengua... ¿Y no se denomina reaccionaria esa doctrina o propuesta que se dirigen contra la historia?

Desprecio de los derechos
Quizá el lector atento recuerde todavía que mi interlocutor se hacía fuerte en la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. Agitándola como su bandera, y pregonando su rango de ley en vigor en España, me la refrotó una y otra vez como si ella amparase sus presuntos derechos lingüísticos sin sombra de duda. Pues bien, cuando en mi réplica le menciono entrecomillados siete artículos o pasajes (7) de esta Carta que a todas luces refutan sus pretensiones, el señor Mendoza se calla. Este paladín de lo legal ni siquiera sugiere que he malentendido tales artículos; simplemente se calla. Mejor dicho, no se abochorna por ofrecer como todo argumento haber sido invitado por el Consejo de Europa a hablar de esa Carta... La moral de un debate reside en atenerse a sus reglas; cuando uno de los contendientes (y, por cierto, el que invitó a ese debate) esquiva sistemáticamente las razones del otro, y sólo para ocultar su derrota dialéctica, incurre en pura indecencia.

El presidente de Euskara Kultur Elkargoa lo hace a cada paso. Impertérrito e inmune a todo argumento, él prosigue hablando de "derechos lingüísticos" como si tal cosa, de "falta de respeto" de tales derechos establecidos por "la legislación nacional e internacional vigente", de vascoparlantes rebajados a "ciudadanos de segunda", etc. Me preguntó en qué se resentirían mis derechos en caso de acceder a sus arbitrarias peticiones. Le contesté enumerándole seis (6) daños inmediatos, que él reproduce...sin atreverse a rebatir ni uno. "Yo no deseo dos comunidades lingüísticas en Navarra sino una sola plurilingüe", proclama, como si el arriba firmante deseara menos que él. Pero la diversidad no es enriquecedora tan sólo por ser diversa, ¿sabe Ud.?; de hecho es mala cuando es injusta. De ahí que un servidor le plantee estas dos molestas solicitudes: primera, que nos exponga alguna razón convincente para que una de esas lenguas haya de ser el vascuence; segunda, que nos muestre por qué este deseo es más legítimo (o sea, más grave, urgente, mayoritario) que otras cuantas necesidades colectivas acuciantes en nuestra comunidad. Mientras tanto, ese deseo seguirá siendo un deseo, pero de ningún modo un derecho. ¿O no era responder a eso todo lo que se le pedía?

Que el señor Mendoza tenía que acabar en la incoherencia estaba cantado. Así, cuando dice con exquisita precisión que "aspiramos a un modelo social de convivencia lingüística" (¿), añade enseguida que prefiere un modelo abierto, "algo así como la plaza del mercado: distintos productos en oferta, unos compran, otros sólo miran..." Es bonito, pero mucho me temo que se ha equivocado de metáfora. ¿Acaso se imagina qué sería del euskera entre nosotros si, en lugar de dejarlo a su libre oferta y demanda por parte de los ciudadanos, no hubiera intervenido una política que en general lo unifica, protege y subvenciona, una política educativa que lo impulsa de múltiples maneras, una política laboral que le otorga tantos puestos y ventajas? Salvo para sus usuarios cotidianos, ¿querrá explicarnos si esta lengua cuenta hoy por su real valor de uso o, más bien, por su no menos real valor simbólico en un mercado político viciado?

Incomprensión de la democracia
Pero si Mendoza prescinde de argumentos, el secreto es sencillo: él conoce la voluntad de los ciudadanos navarros a favor del progreso del euskera. Mejor dicho, sabe que son muchos, que su voluntad debe hacerse ley y que esa ley será entonces justa; ¿a que es fácil? Y en su ejercicio habitual de despistar al lector, me amonesta "no se líe con el número de vascoparlantes", cuando yo le ofrecía los desalentadores resultados de cinco (5) investigaciones públicas de ahora mismo y él nos ofrece solo una (1) tan desalentadora como las otras. "No confundamos el debate", añadirá perdonándome la vida, como si el acudir a cifras no apañadas de los hablantes efectivos fuera cosa secundaria en este litigio. Pero que es fundamental ya lo sabemos, porque de su número depende el reconocimiento oficial de la comunidad lingüística minoritaria y, por tanto, la demarcación de su territorio y de los derechos de sus habitantes. Aquella Carta Europea, en particular su artículo 1 b, no hace sino consagrar ese principio de justicia.

Pero es que el mismísimo señor Mendoza, siempre a su gusto en la incoherencia, va y hace de los números el principal soporte de su demanda: "Los números y, sobre todo, los porcentajes son los que permiten...establecer políticas lingüísticas en función de los recursos y las voluntades políticas". Reparen en que no aclara si esos números corresponden a hablantes del vascuence o a sus aficionados, a los que viven en Lesaka o en Fustiñana. Da igual: los derechos se presuponen; en cuanto haya un número indeterminado de solicitantes, alianzas políticas coyunturales y dineros públicos suficientes, la política lingüística dictará esos presuntos derechos y, los demás, que arreen. Para los más torpes, la democracia se reduce a un régimen de expresión y suma de las preferencias políticas, igual que el mercado recoge las preferencias económicas dadas sin preocuparse de más. Hace ya mucho tiempo que la mejor teoría enfatiza, sin embargo, que la democracia debe procurar ante todo la formación misma de esas preferencias o voluntades políticas.

Por eso mi adversario no sabe lo que dice cuando me acusa de que "desprecio la voluntad de los ciudadanos". Lo que hago es no engañarla, ni tampoco suponer que está en la verdad ni creer que respetarla es halagar sus prejuicios. Respeto más su dignidad cuando considero a mis conciudadanos sujetos políticos, y no meros consumidores o clientes de mercancías políticas. A diferencia de los demagogos, tanto aprecio esa voluntad pública que procuro enriquecerla con ideas bien fundadas y librarla de tanta creencia falsa, de tantos falsos derechos, de tanto embuste y temor como en este asunto circulan. Que esto pueda tacharse de "despotismo ilustrado" sólo se explica en quien, falto de razones que avalen su propósitos, no puede soportar las razones que desvelan su impostura.

Viniendo de quien viene, en fin, no tomaré en serio esos cariñosos pellizcos de que mi concepto de lengua esté "radicalmente desfasado", mis propuestas sean "rancias" y "anacrónicas" o padezca de "pensamiento fósil". Lo que no le consiento es la desvergüenza de achacarme jugar a las "descalificaciones gratuitas". Vivimos en una comunidad tan corta de virtud, que las cosas suceden al revés de cómo debieran: mientras al señor Mendoza sus pronunciamientos le han rendido cuantiosos beneficios, los míos me han deparado muy graves costes. Seguro que los adivina.
FIN DEL DEBATE
José Luis Mendoza Peña (Diario de Navarra -Cartas al Director-30-12-02)
Dado que en mi última colaboración comenté que suspendía (de momento) mi participación en el debate sobre el euskera no voy a comentar su artículo titulado "La gran evasión del señor Mendoza). Pero por si alguien piensa aquello de que quien calla otorga, le exijo que, a tenor de lo que D. Aurelio Arteta afirma al final de su escrito, haga público cuáles son los cuantiosos beneficios que me han rendido mis pronunciamientos (supongo que respecto al euskera). De no hacerlo así su calumnia quedará evidenciada.
Como no tengo dotes adivinatorias espero, si Arteta tiene a bien, también nos haga partícipes de los graves costes que, por el contrario, le han deparado los suyos.

La mucha malicia del Sr. Mendoza
Aurelio Arteta (Diario de Navarra -Cartas al Director- 4-01-03)

Espero haber mostrado al Sr. Mendoza (y a los suyos) lo infundado e injusto de sus pretensiones en política lingüística. No digo yo que ahora deba pedir público perdón y hacer penitencia, que eso se acerca a la santidad, pero tampoco le vendría mal disolver su Euskara Kultur Elkargoa y dedicarse un tiempo al estudio y a la reflexión. Todo menos seguir erre que erre engañando al personal con las mismas sinrazones, como si aquí no hubiera pasado nada. Nadie le niega su derecho a la libre expresión, pero sería de agradecer que se expresara con algún rigor; hasta sería un deber de ciudadano, y más cuando se aspira a formar una opinión pública.

A falta de argumentos, a José Luis Mendoza le sobran argucias. La última (Cartas al Director, 30 de Diciembre), consiste en retirarse de una discusión en la que propiamente no ha entrado y, a la vez, desear que nadie piense de él eso de quien calla, otorga. Pero, bueno, ¿acaso ha hecho otra cosa que conceder la justeza de mis razones cada vez que yo refutaba las suyas sin que él se pusiera a rebatir las mías? ¿Por qué me permití titular mi última réplica La gran evasión (del señor Mendoza), sino porque nuestro hombre siempre deba la espantada por respuesta? ¿O ha sido su humildad franciscana, de la que no se tiene noticia, la que le aconsejó ahorrarme una vergonzante derrota?

Ahora, para que se note menos su escapada final, me exige que haga públicos esos cuantiosos beneficios que yo atribuí a sus pronunciamientos sobre este asunto. Fíjense cómo parece indignarse quien mereció ser encumbrado a Director de Servicio de Política Lingüística del Gobierno de Navarra durante casi cuatro años. Pero, aparte de ése y otros provechos menos calculables, ¿no adelanté ya que su vacío argumental sería "incluso un mérito para que Udalbiltza, esa institución ejemplar, recompense a su asociación con un cheque millonario"? Me limitaba a citar al Diario de Noticias (17 de Noviembre), que informaba de que "Euskara Kultur Elkargoa recibirá 30.000 euros de manos de Udalbiltza para desarrollar su labor de defensa y promoción de los derechos lingüísticos del Euskera". Ahí es nada: 5 millones de pesetas destinados a promover unos derechos lingüísticos que, según confío en haber probado, no son tales y que el señor Mendoza, naturalmente no ha sabido defender.

En cuanto a los "graves costes" que me han deparado mis pronunciamientos, sólo la mucha malicia de mi oponente se atreve a simular que no los adivina y a rogarme encarecidamente que los publique. Pues ahí van. Desde el año 2000 mi nombre ha figurado más de una vez (ya supondrán que no par felicitarme) en los papeles de esa organización patriótica-armada de la que mi adversario quizá haya oído hablar. Que nadie se lleve a engaño: semejante honor lo debo a ciertas creencias que en esta materia inspiran también al señor Mendoza, y a burdas imputaciones como algunas que me lanza el propio Mendoza. Y al silencio, claro está, de tantos que toleran lo intolerable.

A D. AURELIO ARTETA SIN ACRITUD
Jose Luis Mendoza Peña (Diario de Navarra -Cartas al Director-11-01-03)
Confieso mi error! Creía que el objeto de un debate era la exposición de hechos y argumentos en torno a un tema para que tanto los participantes como los lectores pudiesen adquirir nuevos conocimientos al respecto, profundizar los que ya se tenían e incluso variar o matizar las propias ideas u opiniones. Si decidí salirme del debate en torno a la política lingüística, se debió a que sus descalificaciones personales iban en aumento hasta alcanzar las cotas difícilmente tolerables de su último artículo titulado "La gran evasión (del Sr. Mendoza)" No pretenda ser juez y parte: deje que sean los lectores quienes decidan y aprovechen lo que de bueno haya en sus textos y (quizá también) en los míos. No sé que aportan al debate sus continuas descalificaciones y sus veladas insinuaciones, algunas de las cuales paso a comentar: el Sr. Arteta hace constantes alusiones a un difuso entorno que no concreta, pero en el que me incluye (¿la conjura vasco-separatista? ¿Alguna ramificación local del eje del mal?). Sr. Arteta: mis opiniones son mías y no hablo en nombre de nadie ni represento a nada ni nadie que no se yo mismo.

Me alegra sobremanera que, respondiendo a mi petición sobre los cuantiosos beneficios que me reporta el tema, no haya detectado cuentas suizas o algún tipo de sospechosos patrimonio. Creo un poco exagerado denominar "encumbramiento" a mi nombramiento como director del Servicio de Gestión y Coordinación de la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Navarra durante el último gobierno socialista. Como sabrá, éstos son cargos de confianza para los que se nombran trabajadores de la función pública. Cobraba un buen sueldo (el mismo que cualquier director de servicio), pero créame si le digo que trabajaba día y tarde, incluidos sábados y muchos festivos, y que no me tomaba más de diez días de vacaciones al año, ya que había mucho trabajo por hacer y muy escasos medios. No lo debí hacer muy mal porque durante el primer gobierno de UPN, D. Miguel Sanz, consejero de Presidencia de aquel gobierno, me propuso ser director general de Política Lingüística, propuesta que agradecí y rechacé ya que no me pareció ético aceptar por razones obvias. Al cabo del un tiempo regresé a mi trabajo docente. Ya me dirá dónde está el cuantioso beneficio, como no sea el de la satisfacción por mi trabajo; pero no creo que el Sr. Arteta se refiriese a este tipo de beneficios, por lo que quedo pendiente de sus revelaciones. ¿O acaso insinúa que durante mi estancia en Política Lingüística obtuve algún tipo de provecho inconfesable? ¿Puede concretar sus afirmaciones?

Su otra aportación se refiere a la subvención de 30.000 euros que la fundación Euskara Kultur Elkargoa ha recibido de Udalbiltza para defender los derechos lingüísticos de los ciudadanos navarros, dinero que ha servido para frenar en los tribunales de justicia la política lingüística antivasca del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona. ¿Insinúa que parte de ese dinero es para mí o que me lo he apropiado? ¿Cuáles han sido mis cuantiosos beneficios? Se los diré: gran parte de mi tiempo libre y algo de mi dinero propio invertidos en un proyecto en el que creo. ¡Este es todo mi beneficio, Sr. Arteta!
¿Debería yo ahora exponer los perjuicios que me han supuesto mis pronunciamientos? Creo que no, pues nada aportan al debate; queden para mí, para mi familia y para mis amigos.
Respecto a los graves costes ocasionados por sus pronunciamientos, quiero expresarle mi solidaridad incondicional en la defensa de sus derechos fundamentales, incluido el de mantener públicamente sus discrepancias respecto de mis opiniones. Insinuar algún tipo de relación entre mi persona y la organización terrorista ETA es de una bajeza ética indigna de cualquier persona y mucho menos de un catedrático de Filosofía Moral.