Este proyecto delirante, que pretende crear de la nada un estado que nunca existió a partir de pedazos arrancados a estados democráticos vigentes y en contra de la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos, es algo así como un Frankenstein político en la Europa contemporánea: y como el otro monstruo, desdichadamente, deja su camino sembrado de cadáveres.

En el País Vasco español, que goza de mayor autonomía política y fiscal que cualquier otra región europea, gobiernan desde hace décadas los partidos nacionalistas.

Los ciudadanos no nacionalistas y sus representantes, en cambio, viven entre atentados y amenazas que hacen imposible la libre expresión de sus ideas políticas.

El nacionalismo gobernante da por sentado que son intrusos imperialistas que no merecen realmente el nombre de vascos: para ellos, sólo son auténticos vascos los nacionalistas.

Miles de ciudadanos vascos no nacionalistas han tenido que optar por marcharse del país: profesores, periodistas, empresarios, representantes políticos y gente de toda otra condición que no quieren verse obligados a guardar silencio o a renunciar a su ideología.

Gracias a esta limpieza étnica, la hegemonía del nacionalismo se ve cada vez más consolidada. Y la única oferta de paz que los nacionalistas gobernantes hacen al resto de la población consiste en exigirles que acepten sin rechistar tal hegemonía uniformizadora, como precio al final de la violencia que ellos se encargarán de pactar con ETA.

Nosotros nos negamos a aceptar ese planteamiento de nacionalismo obligatorio o sentencia de muerte. Reivindicamos un País Vasco plural en el que tengan los mismos derechos nacionalistas y no nacionalistas, el cual no existirá hasta que ETA sea política y socialmente derrotada.

Aceptamos sin problemas los vínculos culturales que emparientan a los vascos de España y Francia, pero nos negamos a sustantivarlos en un mítico sujeto político que exija el despedazamiento de dos estados democráticos realmente existentes. Exigimos como objetivo prioritario que cesa la violencia terrorista y por tanto apoyamos las iniciativas legales y políticas destinadas a poner fin a su impunidad social.

No queremos que el dinero de nuestros impuestos sea destinado indirectamente a financiar las armas con las que nos matan o amenazan. Exigimos de nuestros gobiernos, tanto estatales como autonómicos, plena protección y reconocimiento no sólo de nuestras personas sino también de nuestros proyectos de convivencia.

Nos negamos a que por la vía de los hechos consumados los terroristas obtengan una recompensa política por sus crímenes. Y reivindicamos la ciudadanía constitucional desligada de imposiciones étnicas, dentro de la cual puedan desarrollarse -una vez conseguida y asentada la paz- todas las propuestas democráticas de futuro.