EN la reunión celebrada el pasado día 19 de febrero entre el presidente del Gobierno de Navarra y el secretario general del Partido Socialista de Navarra, Miguel Sanz planteaba la necesidad de aislar política e institucionalmente a la coalición Batasuna. Juan José Lizarbe contestaba que "aislar política e institucionalmente a Batasuna es una vieja aspiración de UPN para conseguir que los socialistas renuncien a hacer oposición" y que "ya se está aislando a Batasuna, pues ni se habla, ni se cuenta para nada con ella, ni se espera nada de ella", preguntándose a continuación "si puede decir lo mismo UPN y Sanz".

Aunque yo no lo crea, es posible que tenga razón Lizarbe al percibir el planteamiento de Sanz como una trampa para impedirle ejercer como oposición, pero debería evitar la contradicción en que incurre al asegurar, al mismo tiempo, que ya se está aislando a Batasuna, puesto que sería lo mismo que decir que ya ha caído en la trampa tendida por Sanz.

Planteamiento

Pero dejando aparte el lapsus argumentativo del secretario general del PSN, creo que el asunto se puede y debe plantear en otros términos. Planteamiento que no tengo más remedio que esbozarlo públicamente, ya que no he tenido oportunidad de hacerlo ante los órganos de dirección de mi partido, el PSN, antes de que éste respondiera a la propuesta del presidente del Gobierno.

Lo que propongo parte de la evidencia de que ningún navarro alberga dudas acerca de que el primero y más importante problema de la sociedad navarra es el del terrorismo, puesto que ataca en profundidad al sistema democrático vulnerando los derechos y libertades; sin que a estos efectos haya que distinguir, como suele hacerse, entre terrorismo de alta y terrorismo de baja intensidad.

Tan ataque a los más elementales de los derechos humanos es el asesinato de un concejal como la mutilación de un joven militante; tan ataque a la libertad es la extorsión a un empresario, bajo amenaza de muerte, como la recaudación que se realiza en algunos pueblos mediante colecta voluntaria entre tenderos y comerciantes bajo el tácito entendimiento de que su local puede arder cualquier noche; tan ataque a la tranquilidad ciudadana es incendiar un autobús como un contenedor de basura; tan ataque a la pacífica convivencia es inundar la ciudad de carteles con la cara de nuestra alcaldesa en el centro de una diana, como las cobardes pintadas proterroristas que decoran calles y carreteras.

Y ante todos esos ataques, el partido que mira para otro lado, o incluso los justifica, es Batasuna. El partido al que no afectan ésas y otras manifestaciones del terrorismo es Batasuna. El partido cuyos concejales no precisan llevar protección es Batasuna. El partido que puede presentar candidaturas municipales en todos los municipios del territorio sin temor a que sus concejales sean asesinados o sus viviendas incendiadas es Batasuna.

Con lo que habría que concluir que los aislados política y socialmente somos nosotros, todos los demás; que los que estamos recluidos en el gueto del miedo y del terror somos los demócratas y que los que campan a sus anchas son los terroristas, sus amigos y sus beneficiados.

Por eso decía antes que hay que modificar el planteamiento inicial. No es posible que Sanz y Lizarbe se pongan de acuerdo en lo accesorio, en incrementar la seguridad de los cargos públicos -cuestión importantísima, mas ni Eduardo Madina, ni muchos otros atacados antes que él eran cargos públicos-, pero no lleguen a acordar lo fundamental, que es romper el cerco al que tiene sometidas Batasuna a sus respectivas fuerzas políticas en el Parlamento y en muchos ayuntamientos.

Árbitros de la situación

Cerco consistente en que los amigos de los terroristas, por una parte, jalean a los asesinos de los compañeros de partido de Sanz y Lizarbe y, por otra, someten a ambos a la vejación e indecencia de tener que aprovechar -aunque no las propicien- sus abstenciones, sus votos positivos o negativos, según ocasiones, para que puedan triunfar sus respectivas iniciativas en el seno del Parlamento o de los ayuntamientos, convirtiéndose así Batasuna no ya sólo en el árbitro de la situación, sino en la figura principal del campo de juego democrático.

De tal modo que en el Parlamento de Navarra las iniciativas legislativas de Sanz pueden salir adelante frente al criterio de la oposición democrática si Batasuna se abstiene en la votación. Y Lizarbe puede impedir cualquier iniciativa de gobierno si a su posición se suman, además de la oposición democrática, los votos de Batasuna. Y lo mismo ocurre en el Ayuntamiento de Pamplona.

Impedir que eso suceda me parece una elemental medida de higiene democrática que los dos principales partidos políticos navarros deben adoptar sin más pérdida de tiempo. No es razón que se pueda contraponer para no hacerlo la que algunos alegan diciendo que Batasuna no debe interferir en los programas, en las estrategias y en las posiciones que mantienen los partidos democráticos en las instituciones.

Muy al contrario, y tal como decía el joven socialista vizcaíno Eduardo Madina en su último artículo publicado en un periódico vasco, es el terrorismo "el que marca los ritmos políticos y el que puede conseguir que un lehendakari salga elegido, que un político sea asesinado, que un Parlamento no legisle y que la unidad de los partidos en contra de la violencia se disuelva en una guerra metodológica y electoralista, no demos a los que matan capacidades políticas. No demos a las bombas ninguna capacidad de reflexión o de teorización sobre nada y mucho menos sobre nuevos escenarios o nuevos modelos".

Lo primero, el acuerdo

Por eso creo que, en Navarra, el acuerdo entre UPN y PSN debiera ser la primera medida de aislamiento político del terrorismo y de sus amigos en las instituciones en las que no creen. El aislamiento social, en el que deben ser protagonistas los ciudadanos, será de imposible consecución si éstos no perciben ideas claras de los políticos que los representan, ni alcanzan a comprender las razones de sus desacuerdos en un tema tan vital.

Es verdad que ese acuerdo tendría consecuencias en UPN y PSN sobre la forma de ejercer el gobierno y sobre el modo de realizar la oposición que, sin la amenaza terrorista, no serían aceptables entre adversarios políticos. Pero en una situación en la que, como la que antes he descrito, todos los concejales y parlamentarios deben llevar protección en su vida diaria -situación absolutamente extraordinaria en toda Europa-, las medidas deben ser también extraordinarias.

Tras el asesinato del militante de UPN en Leiza, José Javier Múgica, yo las propuse públicamente en un pleno del Ayuntamiento de Pamplona. Todavía estoy esperando la respuesta en el día en el que esto escribo, aniversario del asesinato de mi compañero, el socialista alavés Fernando Buesa.