EDITORIAL

Los presuntos etarras detenidos anteayer por la Guardia Civil han detallado su participación en cuatro atentados, dos de los cuales costaron la vida a Tomás Caballero, concejal pamplonés de UPN, y a Francisco Casanova, subteniente y vecino de Berriozar. Las armas fueron encontradas en el registro domiciliario.

LA detención de unos presuntos etarras, preparados para atentar, fue anteayer noticia reconfortante para todo el que ame la libertad -no sólo la suya, sino la de la comunidad- y sostenga que el uso de las armas debe estar reservado a quienes, sujetos a unas normas, defienden a la ciudadanía. Es inhumano no alegrarse cuando los agentes del orden impiden que alguien atente contra su semejante. Detener a un presunto terrorista no es "vía policial", sino la única vía democrática: los policías cumplen su función y los detenidos pasan a manos de los jueces, que deciden. Aunque parezca mentira, insistir en esta obviedad elemental, que debería estar al margen de cualquier debate político, es aún causa de discrepancia, a veces estentórea. Ya ayer alguna voz reclamaba medidas políticas que corten la ciega leva de nuevos terroristas. La experiencia demuestra que, además de un soniquete, esa exigencia de medidas políticas responde con frecuencia a la simpleza expresada por un cabecilla: sin terrorismo, el País Vasco sería España en media hora. Es una simpleza, porque -más aquí de utopías abigarradas, ensueños y patrañas docentes, mal digeridas- el terrorismo sólo ha podido durar en las circunstancias posfranquistas y neodemocráticas de España.

Pero en esta detención hay algo más que crímenes no cometidos. Hay unas armas usadas en atentados mortales que conmocionaron a los navarros y hay, según las informaciones policiales, la confesión pormenorizada de los detenidos. Ha sonado la hora deseada por todos los que defienden que la mejor venganza es la ley: los detenidos comparecerán ante los jueces y la justicia, con plenas garantías para los detenidos, sustanciará la responsabilidad. No se trata de decir que el que la hace, la paga, sino de que el asesinato no debe resultar gratuito ni barato. Queda luego el perdón de las víctimas y sus familiares. Un perdón dificultado porque los pistoleros no suelen mostrar signos de arrepentimiento ni pesar.