La conexión financiera Batasuna-ETA

Once miembros de la desaparecida HB (hoy Batasuna) se encuentran procesados, acusados de "allegamiento de fondos a ETA". Ésta es, por el momento, la única conexión financiera entre la banda y la coalición que han constatado las investigaciones policiales. A ella se agarrarán los firmantes del Pacto Antiterrorista para buscar la ilegalización de la formación "abertzale".

El sumario 18/98 engorda poco a poco en la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid. Iniciado por el juez Baltasar Garzón hace ya cuatro años para investigar las supuestas conexiones de ETA y organizaciones de su entorno, en sus tomos se entremezclan los documentos contables de organizaciones abertzales con las declaraciones de los más de cien detenidos en las diferentes operaciones policiales que se han sucedido. Y entre todo ello, los informes de los expertos policiales intentan poner un poco de claridad y encontrar las claves ocultas de una nebulosa financiera que la banda armada empezó a tramar en el ya lejano 1992.

Aquel año, la Policía francesa detuvo en la localidad de Bidart a la dirección de ETA formada por Francisco Múgica, Pakito, José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y Joseba Arregi, Fiti. En el chalé que ocupaban se encontraron numerosos documentos y, entre ellos, un denominado Proyecto Udaletxe (en castellano, "ayuntamiento"). Éste resultó ser el diseño teórico de una estructura financiera legal que la dirección de la banda consideraba imprescindible para asegurar el sostenimiento económico de las organizaciones afines, a la vez que se creaba una trama que desvinculase formalmente las cuentas de ETA de las del resto de las estructuras del Movimiento Nacional de Liberación Vasco (MNLV). En aquel documento etarra se apuntaba la importancia de la entonces Herri Batasuna (hoy Batasuna) dentro de dicha estructura financiera: era una de las tres "grandes empresas" del proyecto. Sin embargo, las investigaciones policiales y judiciales sobre esa trama financiera no han permitido, de momento, encontrar pruebas de la supuesta conexión monetaria entre ETA y la coalición abertzale apuntada en el Proyecto Udaletxe. En parte, porque el sistema planteado por ETA no busca beneficios, ni blanquear el dinero, sino mantenerlo oculto. Como señala uno de los informes policiales que se encuentran en el sumario, ETA pretende "mantener el dinero sucio (procedente del delito) como dinero negro (opaco a la Administración) y que el blanco (procedente de los beneficios y subvenciones) salga negro para así poder aplicarlo a las necesidades terroristas".

Acuerdos del Pacto Antiterrorista

1- Crear una Comisión para la modificación del artículo 504 del Código Penal, para castigar con penas de cárcel a quienes amenacen, intimi- den o empleen la fuerza para impedir el trabajo de los ediles.

2- Modificar la Ley de Partidos Políticos, para evitar que formaciones como Batasuna puedan vulnerar en la práctica los principios constitu- cionales al justificar la violencia.

3- Remitir a las Cortes un proyecto de Ley que permita el bloqueo preventivo de las cuentas de entidades relacionadas con el entorno terrorista.

4- Reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y la Ley Orgánica de financiación de los Partidos Políticos, para negar cual- quier subvención pública a organizaciones con conexiones evidentes con ETA.

5- Reformar la Ley de Régimen Local, para garantizar la confidencia- lidad de los bienes y propiedades que declaren los concejales en sus registros de intereses.

6- Promover la puesta en marcha de plataformas cívicas y mesas de partidos presididas por los alcaldes de los municipios con concejales amenazadas, para buscar fórmulas que incrementen la seguridad en el desarrollo de sus funciones.

Los once de HB.

Este hecho, unido al intento de ETA de desvincularse formalmente del resto de las estructuras del MNLV, ha complicado las gestiones judiciales y policiales por desmontar el presunto entramado financiero que une supuestamente el autodenominado "frente militar" y su brazo político. Hasta el momento, el mayor avance en este sentido ha sido el procesamiento de once miembros de Batasuna por el delito de "allegamiento de fondos a ETA". Se trata de Francisco Javier Alegría Loinaz, Manuel Aramburu Olaechea, José Ramón Aranguren Iraizoz, Iker Beristain Urizarbarrena, José Antonio Díaz Urrutia, Juan Pablo Diéguez Gómez, José Antonio Echeverría Arbelaiz, José Gorostiza Salazar, Manuel Inchauspe Vergara, Isidro Murga Luzuriaga y Ramón Uranga Zurutuza. En algunos casos, como el de Segundo Ibarra, José Antonio Etxeberría Arbelaiz y Vicente Askasibar, su implicación en la supuesta conexión financiera entre ETA y Batasuna surge de su relevancia dentro de la organización KAS y la relación de ésta con la banda armada, que el juez considera probada. En otros, las pruebas son más concretas. Es el caso de Iker Beristain, que a su condición de militante de Batasuna unía la de tesorero de la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización (AEK). El auto de procesamiento le acusa de disponer de una cuenta B de esta organización desde la que desviaba cantidades de dinero a organizaciones del MLNV y a la empresa Orain, editora del diario Egin, y a la que se señala como "subordinada" a ETA. Aunque, según las fuentes consultadas, el caso de Juan Pablo Diéguez es el más evidente. Las investigaciones han demostrado que éste era el administrador único de una empresa llamada Gadusmar, dedicada a la compra de bacalao islandés y su posterior venta, y que supuestamente servía para enviar dinero a los activistas de ETA refugiados en Cuba. Como socio en Gadusmar aparecía otro de los miembros de Batasuna procesados por Garzón: José Antonio Díaz Urrutia, liberado del sindicato abertzale LAB. Se da la circunstancia de que Gorka Martínez Bilbao, destacado miembro de Batasuna y también procesado en este sumario por otros delitos, fue el primer administrador de Gadusmar hasta la llegada de Diéguez.

Luis Montserrat.

Extraído de la revista Época