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El
pasado 9 de enero, el presidente del Parlament de Catalunya, Ernest
Benach, de ERC, recibió en audiencia privada a tres miembros
de la asociación de familiares de presos vascos Etxerat.
Una reunión que ha desatado el penúltimo escándalo
político-mediático, o mediático-político,
si se prefiere. La actitud de Benach llegó a ser tildada
incluso de "insulto a la democracia" e "inmoral"
por haber aceptado escuchar la opinión de unos ciudadanos
que, en legítimo ejercicio del derecho de asociación,
se han unido con el confesado objetivo de defender los derechos
que asisten a sus allegados, aunque éstos se encuentren
privados de libertad.
No es la primera vez que se orquesta un escándalo de esta
naturaleza. Pero creo que no debemos dejar de sorprendernos ni
preocuparnos por la profunda intolerancia y por la ausencia de
convicciones democráticas que se esconden tras este tipo
de operaciones. Porque una cosa es la crítica política,
y otra muy distinta admitir que se califique como "indigno"
a quien acepta dialogar con unos conciudadanos.
EL
'DELITO' de Benach consiste en escuchar a quienes le querían
transmitir una demanda como la que solicita el fin de la política
de dispersión de los presos vascos que cumplen condena
lejos de Euskadi que, independientemente de las simpatías
que suscite en el Estado español, cuenta con un gran apoyo
social en Euskadi. El Gobierno vasco pide el acercamiento de los
presos vascos a centros penitenciarios de nuestra comunidad o
próximos a ella. Hemos repetido hasta la saciedad que la
defensa del derecho a la vida y a la libertad, y por ello la condena
más rotunda a la violencia de ETA y la exigencia de que
ésta desaparezca, no es incompatible con una concepción
humanitaria del poder punitivo.
Si realmente se cree que los derechos humanos son indivisibles
y universales no se pueden establecer categorías para su
defensa. La total solidaridad y el decidido apoyo a las víctimas
de ETA no puede conducir a ignorar que toda persona, incluida
aquella que es privada de libertad por la comisión de delitos,
por execrables que éstos sean, es sujeto de derechos inalienables.
Parapetarse en el terrible dolor que los crímenes de ETA
provocan para exigir venganza supone renunciar a una política
penitenciaria justa y humana que es exigible a todo Estado social
y democrático de derecho. Quienes han denostado a Benach
lo han hecho desde un simplismo recurrente, conectado a un interés
electoral que se empeña en querer identificar nacionalismo
vasco con violencia y que ahora se afana en igualar, para lo negativo,
a vascos y catalanes. Estos sedicentes demócratas se acogen
a la demagogia fácil y hacen gala del más absoluto
desprecio a los derechos que asisten a toda persona presa, por
horrendo que sea el crimen cometido.
Por eso es preciso recordar que toda la legislación internacional
y estatal está impregnada de principios que contemplan
el cumplimiento de las penas en las condiciones menos aflictivas,
tanto para el recluso como para sus allegados, a los que se impone
un castigo añadido a la condena que la justicia ha fijado
para el reo. Ha sido el avance de la civilización lo que
ha conducido a considerar como auténtica conquista democrática
que la reeducación y la reinserción social del penado,
y no la venganza, sean el eje de las políticas punitivas.
Aunque bien es cierto que, entre las múltiples reformas
promovidas por el PP, debemos lamentar la que se orienta justamente
en sentido contrario. Porque es al partido de Aznar a quien corresponde
la triste gloria de haber puesto el cerrojo a las políticas
de reinserción de presos, propiciando por medio de atajos
inadmisibles lo que su ideología les recomendaba como objetivo:
el cumplimiento íntegro de penas para los delitos de terrorismo.
No es ése el criterio defendido por el Gobierno vasco.
Creemos que la reinserción de todo aquel que delinque es
un principio irrenunciable. Esa convicción ha servido de
pauta al Ejecutivo vasco para exigir que cese la utilización
espuria de la política penitenciaria como instrumento de
la lucha contra ETA. El ataque fundamentalista contra Benach se
puede inscribir en esta estrategia. Desacreditar a un político
independentista y progresista, que estrena un papel institucional
de primera magnitud, y hacerlo por supuesta connivencia con la
violencia por recibir a familiares de presos, es parte de una
táctica que los vascos, por desgracia, conocemos muy bien.
Y es que nuestra experiencia viene de bien lejos. Ha llovido muchoþdesde
que en noviembre de 1998 el Congreso acordó, por unanimidad,
instar al Gobierno del PP a que "mediante el más amplio
diálogo con todas las fuerzas políticas desarrolle
una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible
de la política penitenciaria de la forma que mejor propicie
el fin de la violencia".
TAMBIÉN
POR aquellas fechas, los representantes del Gobierno de Aznar
hablaron, como habían hecho antes otros gobiernos, con
miembros y dirigentes de ETA. Y no se les llamó por ello
inmorales o indignos. Pero eso fue antes de que el PP y su presidente
decidieran utilizar la mayoría absoluta para tres cosas:
convertir al nacionalismo democrático vasco en el enemigo
a batir mediante cualquier procedimiento; desandar el avance en
las libertades con una involución democrática en
la que cada vez son más patentes los tintes franquistas,
y poner en práctica la efectiva ocupación de todos
los poderes, mediante la injerencia obscena en su terreno.
Esa ocupación es la que el PP se propone ahora utilizar
como palanca para consolidarse en el mando el 14 de marzo. Mientras,
necesitan desparramar amenazas, prodigar insidias y manipular
todas las actuaciones de sus oponentes políticos para descalificarlas.
Sé que nos encontramos ante lo que supone ya una receta
clásica en los manuales de comportamiento político
del PP, pero no por ello vamos a dejar de denunciarlo. Como tampoco
debemos dejar de escandalizarnos ante el intento de convertir
en escándalo un ejercicio democrático de diálogo
como el practicado por Benach.
JOSEBA
Azkarraga
Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno
vasco
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